La posible recuperación de la excepción ibérica ha añadido presión sobre las cotizadas renovables. El miércoles 23 de septiembre, Grenergy perdió un 13,50 % y Solaria, un 5,86 %, en una sesión marcada por las informaciones sobre nuevas medidas del Gobierno para amortiguar el encarecimiento energético durante el invierno.
Las ventas también alcanzaron a otras compañías eléctricas. Endesa retrocedió un 2,27 %; Acciona Energía, un 1,67 %; Iberdrola, un 1,23 %, y Naturgy, un 0,88 %. La inquietud gira en torno a los ingresos que podrían dejar de percibir los productores si una intervención reduce los precios mayoristas.
Según la información de Cinco Días que recoge Bolsamanía, el Ejecutivo estudia varias opciones para aliviar el coste del gas y la electricidad. Entre ellas figura rescatar el mecanismo utilizado durante la crisis de 2022. Su regreso sigue siendo una posibilidad en estudio, con dudas sobre su eficacia en el sistema eléctrico actual y la necesidad de obtener una nueva autorización europea.
Cómo actuaba la excepción ibérica sobre el precio eléctrico
España y Portugal pusieron en marcha la excepción ibérica para reducir la transmisión del encarecimiento del gas al mercado eléctrico. El mecanismo regulado en el Real Decreto-ley 10/2022 establecía un precio de referencia para el combustible consumido por las centrales térmicas, entre ellas los ciclos combinados, y contemplaba una compensación a las instalaciones afectadas.
Con ese ajuste, las centrales podían presentar ofertas de electricidad más bajas. Cuando esas instalaciones determinaban el precio del mercado, su reducción repercutía también en la remuneración de otras tecnologías. De ahí la preocupación de los generadores renovables por la parte de su producción que venden a precio mayorista.
La referencia del gas arrancó en 40 €/MWh y después aumentó de forma gradual. Los 50 €/MWh correspondieron a febrero de 2023. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico detalla esa evolución y la posterior modificación de la senda con la prórroga del mecanismo.
La Comisión Europea autorizó el sistema en junio de 2022. Su aplicación incluía ayudas de Estado, por lo que recuperar una intervención de estas características exigiría de nuevo el visto bueno de Bruselas.
Un mercado con menos horas de protagonismo del gas
Las renovables aportan alrededor de la mitad de la generación española y han ganado peso desde la crisis de 2022. Ese cambio condiciona el alcance de una eventual reedición: el gas determina el precio eléctrico durante menos horas, de acuerdo con el análisis de Banco Sabadell citado por Bolsamanía.
La entidad añade que la electricidad española cotiza por debajo del promedio europeo. Por ambos motivos, sus analistas esperan que una intervención equivalente tenga un efecto menor que en 2022, cuando el gas ejercía una mayor influencia sobre la formación del precio.
Los contratos a largo plazo limitan la exposición
Sabadell sitúa el mayor riesgo en la electricidad renovable que todavía se vende directamente al precio del mercado. A su juicio, esa exposición resulta reducida porque buena parte de la producción cuenta con contratos de compraventa de energía a largo plazo, conocidos como PPA, por sus siglas en inglés.
Estos acuerdos fijan las condiciones de venta entre productor y comprador durante un periodo determinado. Cuando establecen un precio pactado, reducen la dependencia de las oscilaciones del mercado. Por eso, una bajada del precio mayorista no se traslada por igual a todos los ingresos de una compañía.
El banco menciona a Iberdrola, Acciona Energía, Ecoener y Solaria entre las empresas con mayor producción renovable, y a Endesa y Naturgy en menor medida. Sin embargo, considera que la cobertura mediante PPA limitaría los ingresos que dejarían de obtener.
El Gobierno también estudia medidas fiscales y sobre la tarifa del gas
La discusión sobre la excepción ibérica forma parte de un conjunto más amplio de alternativas. Entre las actuaciones que analiza el Ejecutivo para proteger a hogares y empresas figuran:
- Reducir de nuevo el IVA de la electricidad, para rebajar la carga fiscal del recibo.
- Destinar ingresos de los derechos de emisión de CO₂ a financiar parte de los peajes y cargos eléctricos.
- Actuar sobre la tarifa regulada del gas, ante el riesgo de un incremento relevante en la revisión de octubre.
El calendario añade urgencia al debate. El 30 de septiembre vence el actual Plan de Respuesta frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio. El Gobierno se reunió la semana pasada con los agentes sociales para examinar la continuidad de las ayudas y la evolución del conflicto. En ese encuentro constataron una nueva intensificación de la presión sobre los carburantes.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defiende extender las medidas de protección, introducir límites a los alquileres, aplicar un gravamen al refino y reactivar el mecanismo ibérico.
Por su parte, Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, plantea mantener el apoyo a las familias y prestar especial atención al transporte y al sector agroalimentario. El encarecimiento que soportan estas actividades puede propagarse al resto de la cadena económica.
Aelec cuestiona que la intervención resulte adecuada
La patronal eléctrica Aelec discrepa de la propuesta. Su presidenta, Marina Serrano, sostiene que España no reúne ahora las circunstancias que justificaron el mecanismo al comienzo de la invasión de Ucrania. Desde su perspectiva, el mercado eléctrico funciona y contribuye a contener el impacto del gas, de modo que intervenirlo sería una respuesta inadecuada al problema.
El debate enfrenta así la propuesta de recuperar una herramienta de la crisis anterior con las reservas sobre su utilidad actual. Mientras el Gobierno estudia cómo prolongar la protección a los consumidores, la exposición al mercado mayorista, los contratos PPA y el diseño de una eventual medida determinarían su alcance sobre las renovables. Por ahora, las caídas bursátiles reflejan esa incertidumbre regulatoria.
