Altos hornos de ArcelorMittal en Gijón (Asturias).
El Boletín Oficial del Estado publica este viernes 13 de noviembre el Real Decreto 978/2026, de 11 de noviembre, que reforma el Estatuto de los consumidores electrointensivos. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el martes, incorpora como coste compensable la aportación de estas industrias al Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (SNOEE), que el preámbulo cifra en unos 2 €/MWh, y suprime tres requisitos: el consumo mínimo en horas valle, la obligación de cubrir el 10% del consumo con contratos de electricidad renovable a cinco años o con autoconsumo, y el informe trienal.
El umbral de 0,5 €/MWh introducido en 2023, que impide dejar los costes subvencionables por debajo de esa cifra, y la bajada de los cargos eléctricos tras reactivar la fiscalidad energética habían reducido el alcance de estas ayudas. El propio real decreto reconoce que los costes administrativos y las obligaciones asociadas podían superar la compensación recibida.
El SNOEE, creado por la Ley 18/2014, asigna a las comercializadoras de electricidad y a los consumidores directos en mercado una cuota anual de ahorro energético. Pueden cumplirla aportando dinero al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), entregando Certificados de Ahorro Energético (CAE) o combinando ambas vías, aunque siempre se exige una aportación mínima al fondo. Las comercializadoras repercuten ese coste en la factura; los consumidores directos lo pagan ellos mismos. Esa contribución, dice el preámbulo, «alcanza actualmente unos 2 €/MWh y se prevé que aumente».
En las convocatorias que compensen costes incurridos desde el 1 de enero de 2026, ese importe se suma a los cargos ya compensables: la retribución específica de las renovables y de la cogeneración y el extracoste de los territorios no peninsulares. La ayuda máxima será del 85% del coste subvencionable si la instalación pertenece a un sector «en riesgo significativo» de fuga de carbono, y del 75% si está «en riesgo». Se mantiene el suelo de 0,5 €/MWh, y el pago sigue condicionado a la dotación de los Presupuestos Generales del Estado: si el crédito no cubre el total, se prorratea. El coste subvencionable por el SNOEE se calcula multiplicando el consumo de la instalación por un factor F, que se publicará en cada convocatoria y que resume cómo han cumplido su obligación los sujetos del sistema, según el peso de los CAE y de las aportaciones al FNEE y sus precios medios.
Tres requisitos que salen del Estatuto electrointensivo
Desaparece, de forma estructural, el consumo mínimo en periodo tarifario valle para obtener o renovar el certificado de consumidor electrointensivo. Ese filtro, que en la redacción anterior exigía al menos un 46% del consumo en el periodo P6, ya se había dado por cumplido en la campaña de certificación de 2026. Ahora sale del Estatuto a partir del 1 de enero de 2027, cuando empiecen a aplicarse los cambios en las solicitudes de certificado. El Gobierno lo justifica por la incorporación de más de 25 GW renovables entre 2020 y 2025, 20 GW de ellos fotovoltaicos, una tecnología que ya supone un cuarto de la potencia instalada y que ha cambiado la formación de precios en el mercado diario. Mantener la obligación de consumir en valle, argumenta, puede chocar con la electrificación y con la flexibilidad, porque obliga al consumidor a elegir entre seguir la señal de precio o conservar el estatuto.
También deja de ser una condición general para cobrar la ayuda acreditar que al menos el 10% de la electricidad consumida se ha contratado mediante instrumentos a plazo de origen renovable con una duración mínima de cinco años, o que ese mismo 10% procede de autoconsumo renovable. El preámbulo admite que el requisito buscaba fomentar la cobertura frente a la volatilidad del mercado y el despliegue renovable, pero sostiene que «persisten ciertos obstáculos regulatorios que limitan el acceso y la capacidad de negociación» de estos consumidores. Con ello desaparece una obligación que hasta ahora empujaba a estas industrias a firmar PPA renovables a cinco años. La exigencia solo se mantiene para subir la intensidad de ayuda del 75% al 85% en los sectores «en riesgo»: hay que acreditar que el 50% del consumo es renovable y, además, que el 10% se contrató a plazo el año anterior o que el 5% es autoconsumo renovable. En esa vía opcional ya no se pide una duración de cinco años. Sigue en pie, en un plazo de tres años, la obligación de elegir entre aplicar las medidas rentables de la auditoría energética, invertir al menos el 50% de la ayuda en recortar emisiones o que el 30% del consumo eléctrico sea renovable.
El tercer recorte es el informe detallado que debía remitirse durante los tres años siguientes a la ayuda, con consumos, combustibles, producción, ratios energéticos, medidas de eficiencia y reducción de emisiones. El artículo que lo regulaba se suprime y el Gobierno plantea recoger datos equivalentes en el Registro de Consumidores Electrointensivos.
Pueden acogerse a estas ayudas las instalaciones certificadas como consumidores electrointensivos que operen en los sectores del anexo, considerados en riesgo o en riesgo significativo de fuga de carbono, hayan consumido más de 1 GWh anuales en al menos dos de los tres años anteriores y superen un umbral de consumo sobre valor añadido bruto, que la Secretaría de Estado de Industria fija cada año en función del precio medio del mercado.
Las listas de beneficiarios, una aproximación
El certificado de consumidor electrointensivo lo concede el Ministerio de Industria y Turismo por instalación, no por empresa, y hay que renovarlo cada año. El Registro de Consumidores Electrointensivos no es público, de modo que no hay un censo oficial actualizado. La aproximación más cercana son las listas de quienes cobran las ayudas del Estatuto, que sí exigen el certificado; quedan fuera las instalaciones certificadas que no piden esa compensación.
En la propuesta de resolución definitiva de la convocatoria de 2026, publicada el 30 de octubre y aún pendiente de la resolución final, aparecen 461 instalaciones de 348 empresas, con 11,9 millones de euros que agotan la dotación de la convocatoria, en compensación por los cargos de 2025. Las mayores cuantías, por NIF, corresponden a Repsol Fuels (577.328 €), Moeve (395.713 €) y Dow Chemical Ibérica (363.579 €). Un año antes, la resolución de concesión de 2025, firmada el 6 de noviembre, adjudicó 6,95 millones a 359 instalaciones de 279 empresas.
La compensación de costes indirectos de CO2 es otra línea y no exige ese certificado. La resolución de 2025, firmada el 25 de noviembre, concedió 597,9 millones a 220 instalaciones de 184 empresas. Por NIF, las mayores cuantías fueron para Asturiana de Zinc (66,3 millones), ArcelorMittal España (48,7), Repsol Petróleo (37,3), Saica (30,8) y Celsa (27,0). La convocatoria de 2026, dotada con 600 millones, todavía no tiene lista de beneficiarios.
AEGE, la asociación de empresas con gran consumo de energía, no sustituye al registro. En 2026 agrupa a 30 compañías cuyo consumo, según la propia asociación, supuso el 7% de la demanda eléctrica peninsular en 2025.
La memoria del proyecto se fija como meta 700 instalaciones certificadas y estima un consumo de unos 30 TWh. El informe de la CNMC del 22 de junio de 2026 trabaja con 35 TWh y sitúa el impacto del SNOEE en 93 millones ese año, 2,65 €/MWh. Esa magnitud es compatible con los «unos 2 €/MWh» del preámbulo, pero no es el mismo dato: la de la CNMC es una previsión.
El real decreto también modifica el Real Decreto 309/2022, que regula la compensación de costes indirectos de CO2. Alinea las obligaciones de ese mecanismo con las del Estatuto y permite que las convocatorias futuras recojan, si la Comisión Europea lo aprueba, ajustes para evitar solapamientos con el mecanismo de ajuste en frontera (CBAM) y la doble compensación con la asignación gratuita de derechos de emisión. La Comisión ya autorizó esta modificación del régimen de ayudas el 31 de julio, mediante la Decisión SA.123095, y la CNMC informó el texto el 22 de junio.
La norma entra en vigor el 14 de noviembre, el día siguiente al de su publicación. Los cambios en el certificado se aplican desde el 1 de enero de 2027; los del mecanismo compensatorio, a las solicitudes por costes incurridos a partir del 1 de enero de 2026. Para las convocatorias que compensen costes anteriores a esa fecha, siguen vigentes las obligaciones previas, incluido el PPA del 10% y el informe trienal.
