El Ejecutivo ha aprobado un real decreto que abre un margen extraordinario de 17.900 millones de euros para reforzar las redes eléctricas antes de 2030. La distribución podrá absorber 10.200 millones y el transporte, otros 7.700 millones.
Si se añaden los importes ordinarios calculados a partir del PIB, el desembolso acumulado podría rebasar los 35.000 millones de euros al terminar la década.
Sin embargo, la cifra no constituye una subvención ni garantiza que las compañías cobren automáticamente esos 17.900 millones. El decreto establece el techo de las inversiones que podrán proponerse y obtener reconocimiento regulatorio. La CNMC conserva la competencia para aplicar la metodología retributiva y aprobar las cantidades correspondientes a cada empresa.
El marco anterior se había quedado corto
Desde 2013, la inversión anual con derecho a retribución se calculaba mediante dos referencias. El transporte podía alcanzar el 0,065 % del PIB nominal y la distribución, el 0,13 %.
Estos topes nacieron para contener los costes del sistema. Desde entonces, la electrificación industrial, los centros de datos, la movilidad eléctrica y los desarrollos residenciales han elevado las solicitudes de acceso hasta encontrar una red con escaso margen en numerosos puntos.
Red Eléctrica, integrada en Redeia, gestiona el transporte de alta tensión. Las mayores redes de distribución pertenecen a Endesa, EDP, Iberdrola y Naturgy. Las compañías financian las obras y recuperan los importes reconocidos mediante la retribución de redes, cubierta por los peajes eléctricos.
El aumento comienza en 2027
El margen adicional seguirá un calendario ascendente:
- En 2027 se habilitarán 1.020 millones para distribución y 700 millones para transporte.
- Durante 2028, ambas cantidades subirán a 2.550 y 1.850 millones, respectivamente.
- Para 2029 se reservan 3.060 millones en distribución y 2.300 millones en transporte.
- El último tramo, correspondiente a 2030, alcanzará 3.570 millones y 2.850 millones.
Los dos últimos ejercicios concentran 11.780 millones, el 65,8 % del total. El decreto despeja el límite regulatorio, pero la nueva capacidad tardará. Cada actuación deberá incorporarse a los planes, obtener las autorizaciones necesarias y ejecutarse sobre el terreno.
A qué se destinará la inversión en distribución
El Gobierno restringe el uso de los 10.200 millones adicionales de distribución a varios ámbitos:
- Conexiones para consumos industriales, viviendas y electrificación del transporte.
- Un máximo del 20 % para sistemas de control de tensión, gestión remota, observación de la red y defensa frente a ataques informáticos.
- Otro 20 % como tope para actuaciones anticipadas en áreas saturadas o sin infraestructura suficiente, aunque el consumo previsto no esté garantizado en un plazo de cinco años.
- Hasta un 10 % para corregir tendidos y ajustarlos a las exigencias de protección de aves.
- Otro 10 % como máximo para preparar las instalaciones ante episodios meteorológicos y riesgos climáticos.
La norma también permitirá comprar infraestructuras privadas ya operativas, incluidas líneas de evacuación, cuando incorporarlas a la red cueste menos que levantar un trazado nuevo.
La clave jurídica: límite autorizado y retribución no son lo mismo
El proyecto sometido a audiencia señalaba expresamente que el real decreto no determina las cantidades que recibirán las empresas.
El Gobierno fija los volúmenes máximos y aprueba los planes. Por su parte, la CNMC calcula la retribución y supervisa su ejecución.
El Consejo de Estado confirmó este reparto en su dictamen 1179/2025 sobre la Circular 8/2025 de la CNMC. Aunque el pronunciamiento no examinaba este real decreto, el órgano consultivo consideró que Competencia invadía atribuciones del Gobierno si imponía de hecho un límite adicional.
Al mismo tiempo, reconoció que la CNMC puede supervisar los planes y definir el formato de la información necesaria. Por tanto, autorizar un mayor volumen de inversión no equivale a reconocer automáticamente su coste.
El texto regula importes máximos potencialmente retribuibles, procedimientos de aprobación y mecanismos de control, no un derecho automático de cobro.
Por otra parte, Mariano Bacigalupo, profesor de Derecho Administrativo de la UNED y consejero de la CNMV, ha advertido que la transición energética depende en gran medida del capital privado y necesita reglas previsibles.
En una sesión de Fide moderada por Bacigalupo, los expertos señalaron la necesidad de coordinar las competencias del Gobierno, el legislador y el regulador. También reclamaron señales retributivas capaces de evitar una inversión insuficiente.
La CNMC pide más control sobre las inversiones anticipatorias
La CNMC valoró positivamente la reforma, pero consideró imprecisa la definición de inversión anticipatoria. Recomendó que estas actuaciones no dependan únicamente de las distribuidoras y que se coordinen con las administraciones, el regulador y el operador del sistema.
La advertencia resulta relevante porque el diseño anunciado amplía esta categoría respecto al borrador. Su límite pasa del 15 % al 20 % y el periodo sin demanda asegurada aumenta de tres a cinco años.
Preparar la red antes de que llegue el consumo puede atraer actividad industrial. También puede dejar activos infrautilizados si los proyectos que justificaron la obra nunca se materializan.
El regulador pidió además que los planes analicen alternativas como la respuesta de la demanda, el almacenamiento y los servicios locales de flexibilidad. Si estas opciones resuelven una congestión con menor coste, una ampliación convencional podría resultar innecesaria.
Más transparencia y penalizaciones
Las distribuidoras deberán consultar sus propuestas antes de cerrarlas, publicar después los documentos autorizados y explicar qué aportaciones han incorporado. También tendrán que difundir informes anuales sobre su grado de ejecución.
El Gobierno confirma penalizaciones para las empresas que inviertan reiteradamente por debajo o por encima de lo previsto. Sin embargo, la comunicación oficial no publica los umbrales.
Habrá que comprobarlos en el texto íntegro del BOE, que todavía no estaba disponible al cierre de esta actualización. Hasta entonces, los porcentajes incluidos en el borrador no deben presentarse como definitivos.
El efecto sobre los peajes no está garantizado
El Ministerio sostiene que conectar nuevos usuarios permitirá repartir los costes de las redes entre una base mayor y reducir el peaje unitario. El resultado dependerá de que la nueva demanda se materialice y utilice la capacidad reservada.
Las nuevas infraestructuras aumentan los costes regulados. Los peajes bajarán si el consumo incorporado crece lo suficiente para compensar esa retribución adicional.
El decreto resuelve el límite legal, pero quedan pendientes la planificación, el incentivo económico y la ejecución de las obras. Sin esas piezas, los 17.900 millones seguirán siendo capacidad regulatoria sobre el papel.
