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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sometido a audiencia pública la reforma del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). El proyecto actualiza las reglas de emisión, transmisión y liquidación, refuerza los controles y regula dos modalidades de subasta.
La modificación del Real Decreto 36/2023 adapta el sistema a la Directiva europea de eficiencia energética de 2023 y a la experiencia acumulada durante sus primeros años de funcionamiento. La propuesta todavía no está aprobada y podrá cambiar durante su tramitación.
Nuevas reglas para los certificados
El ahorro de energía final pasará a considerarse un activo inmaterial con valor económico, susceptible de transmisión dentro del sistema CAE. La norma también incorpora la figura del agregador, que podrá adquirir ahorros para transferirlos posteriormente a un sujeto obligado o delegado.
El contrato de cesión deberá garantizar la trazabilidad de la operación y una contraprestación para el propietario original. No podrán certificarse actuaciones de mantenimiento ordinario, reposiciones sin mejora energética, medidas exigidas por la normativa o intervenciones sin ahorro adicional demostrable.
Cada certificado seguirá representando un kilovatio hora de ahorro anual. Los CAE podrán inscribirse hasta tres años después de finalizar la actuación, siempre que esta haya comenzado desde el 26 de enero de 2023 y concluya antes de 2031.
Los sujetos obligados deberán solicitar la liquidación antes del 20 de marzo del año siguiente. Si no cubren su obligación mediante certificados, tendrán hasta el 31 de marzo para pagar el equivalente económico al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
El borrador permite trasladar al ejercicio posterior un excedente máximo del 5 % de la obligación anterior. Las compraventas, por su parte, deberán comunicarse al Coordinador Nacional en cinco días. El precio individual será confidencial, aunque la Administración publicará valores medios del mercado.
Dos modalidades de subasta
La emisión y liquidación ordinaria de CAE seguirá siendo el mecanismo principal. Las subastas actuarán como una herramienta complementaria para impulsar ahorros ligados a determinadas tecnologías, actuaciones o criterios sociales.
- Subastas de compromisos de ahorro. El adjudicatario generará nuevos ahorros y cobrará una prima cuando los certifique. Después conservará los CAE, por lo que podrá venderlos o liquidarlos frente a una obligación ordinaria.
- Subastas de necesidades de ahorro. La Secretaría de Estado de Energía contratará una cantidad concreta de ahorro. Los certificados se liquidarán al emitirse y no podrán transmitirse ni utilizarse para cubrir otras obligaciones.
Las adjudicaciones se realizarán mediante ofertas cerradas y un sistema pay as bid, por el que cada ganador percibe el precio que ha ofertado. Las convocatorias podrán establecer un precio máximo de reserva, un precio mínimo para excluir propuestas inviables y límites al volumen adjudicado a una misma empresa.
También se exigirán garantías de participación y cumplimiento. Si no existe competencia suficiente, el cupo se reducirá automáticamente. El Ministerio publicará un calendario orientativo de subastas para los dos años siguientes.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisará cada procedimiento y emitirá un informe vinculante. Las subastas podrán financiarse con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, aunque sus pagos serán generalmente incompatibles con otras ayudas destinadas a la misma inversión.
OMIE y MIBGAS gestionarán la plataforma
El proyecto habilita a OMI-Polo Español (OMIE) y MIBGAS para desarrollar y gestionar la plataforma electrónica del sistema CAE. Su designación será transitoria mientras el Coordinador Nacional no disponga de medios propios, y su retribución procederá del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
La plataforma concentrará el Registro Nacional de CAE, las solicitudes, las verificaciones, las transmisiones, las liquidaciones y la información sobre precios. También administrará las subastas y separará su contabilidad de las obligaciones ordinarias.
Los sujetos delegados deberán acreditar capacidad técnica y financiera, disponer de un seguro de responsabilidad civil y comunicar cualquier pérdida de requisitos. No podrán subdelegar sus compromisos. Además, la obligación anual seguirá correspondiendo al sujeto obligado.
El texto refuerza igualmente las inspecciones. La Administración realizará controles presenciales sobre una muestra representativa de las actuaciones y podrá abrir expedientes sancionadores cuando detecte irregularidades.
