El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 18/2026, una norma que prorroga parte del plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio y ordena la retirada gradual de varias medidas anticrisis. El decreto combina rebajas fiscales temporales, ayudas a sectores expuestos al precio de los carburantes y cambios regulatorios que afectan al sector eléctrico.
El texto no mantiene todo el paquete aprobado en marzo. En esta ocasión el Ejecutivo plantea una salida progresiva hasta finales de septiembre de 2026, aunque conserva mecanismos de salvaguarda para recuperar las rebajas si los precios energéticos vuelven a tensionarse.
En electricidad, la medida más visible es la retirada gradual del impuesto del 7% a la generación eléctrica, pero el decreto va más allá. También introduce ajustes en redes, almacenamiento, acceso y conexión, recarga eléctrica, bombeo y sistemas no peninsulares.
Rebajas fiscales y ayudas hasta septiembre
El decreto mantiene una rebaja temporal en el Impuesto sobre Hidrocarburos para gasolina y gasóleo. La reducción será de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre.
Si el índice de precios de gasolina o gasóleo vuelve a subir más de un 15% interanual, la norma permite reforzar de nuevo esas rebajas. El Gobierno intenta así retirar el apoyo fiscal sin cerrar por completo la puerta a una reacción rápida si el mercado vuelve a deteriorarse.
El texto también conserva ayudas para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, sectores especialmente expuestos al coste del combustible. En el caso del gasóleo profesional, la combinación de ayuda directa y rebaja fiscal puede alcanzar 20 céntimos por litro durante los meses de julio, agosto y septiembre.
La electricidad gana protagonismo en el decreto
Aunque el decreto tiene un alcance amplio, el bloque eléctrico concentra algunos de los cambios más relevantes. El Gobierno modifica la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para adaptar el marco regulatorio a un sistema con más renovables, más electrificación y más necesidad de flexibilidad.
La norma refuerza el papel del almacenamiento, ordena obligaciones en infraestructuras de evacuación compartida y da más funciones operativas a las distribuidoras. También aclara obligaciones de recarga eléctrica en estaciones de servicio y establece un régimen transitorio para el enlace entre la Península y Ceuta.
El impuesto del 7% entra en fase de salida
El decreto inicia la retirada del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7%. Este tributo, creado en 2013, grava los ingresos de la generación eléctrica y ha sido cuestionado durante años por empresas y consumidores.
En 2026, el impuesto no desaparece de golpe, pero se reduce su base imponible, el calendario quedaría así:
| Periodo | Concepto modificación | Valor | Tipo de gravamen aplicable |
| Q2-2026 | Minoración de la base imponible | 100% (no tributa) | 7% |
| Q3-2026 | Minoración de la base imponible | 30% de las retribuciones no computa | 7% |
| Q4-2026 | Minoración de la base imponible | 40% de las retribuciones no computa | 7% |
| 2027 | Reducción del tipo | — | 3,5% |
| 2028 en adelante | Supresión del tipo | — | 0% |
Redes, almacenamiento y mecanismo de capacidad
El decreto refuerza las funciones de las distribuidoras al reconocer expresamente su capacidad para actuar sobre las redes que gestionan, incluido el control de tensión. Esta función gana peso con el crecimiento del autoconsumo, la generación distribuida, la recarga eléctrica y las baterías.
También introduce obligaciones para instalaciones que comparten infraestructuras de evacuación. Los titulares deberán operar y mantener esas infraestructuras conforme a la normativa y facilitar información al gestor de red cuando sea necesario.
El almacenamiento aparece como una pieza clave para integrar renovables y reforzar la seguridad de suministro. La norma lo conecta con el futuro mecanismo de capacidad, ya autorizado por la Comisión Europea para España, que busca garantizar capacidad suficiente para producir, almacenar o consumir electricidad de forma flexible cuando el sistema lo necesite.
Baterías, bombeo y sistemas no peninsulares
El decreto presta atención específica a los sistemas eléctricos no peninsulares. En estos territorios, el almacenamiento puede reducir el uso de centrales convencionales alimentadas con combustibles fósiles.
La norma crea una categoría de medidas de emergencia para cubrir la reserva rodante mediante baterías. También ajusta el marco del bombeo hidroeléctrico: en Canarias, determinadas instalaciones quedarán reservadas al operador del sistema, mientras que en Baleares, Ceuta, Melilla y otros supuestos la asignación se hará mediante concurrencia competitiva.
Además, el texto establece un régimen transitorio para el enlace eléctrico entre la Península y Ceuta. El objetivo es facilitar su operación desde la entrada en servicio y reducir el consumo de combustibles fósiles en la generación local.
Recarga eléctrica y acceso a la red
La norma también modifica las obligaciones de instalación de puntos de recarga eléctrica en estaciones de servicio. La Secretaría de Estado de Energía deberá publicar en un plazo máximo de cuatro meses el listado de estaciones obligadas por sus ventas de combustibles y carburantes en 2025.
En acceso y conexión, el decreto endurece las consecuencias de determinados impagos asociados a la reserva de capacidad. Si se incumplen los pagos en los términos previstos, podrá declararse la caducidad de los permisos, sin derecho a devolución o minoración.
Un decreto entre la emergencia y la reforma
El Real Decreto-ley 18/2026 funciona como una norma de transición. Retira de forma progresiva parte del escudo anticrisis, pero mantiene ayudas para sectores expuestos y deja activas salvaguardas ante nuevos repuntes de precios.
En el sector eléctrico, el impuesto del 7% es la medida más llamativa. El decreto también mueve piezas clave: redes, almacenamiento, recarga, acceso y conexión, bombeo y sistemas no peninsulares. El Gobierno reduce la presión fiscal sobre la generación, pero al mismo tiempo adapta la regulación a un sistema más electrificado y más dependiente de la flexibilidad.
