Red Eléctrica ha situado en 3.906 millones de euros los ingresos obtenidos por las generadoras eléctricas entre enero y septiembre de 2026 por la resolución de restricciones técnicas y la regulación secundaria. El operador del sistema ha publicado estos datos en respuesta a las críticas sobre el encarecimiento de los servicios de ajuste y su repercusión en el precio final de la electricidad, defendiendo que su intervención responde a criterios regulatorios de seguridad y minimización de costes.

Según el comunicado publicado por Red Eléctrica, el incremento de las restricciones técnicas obedece principalmente a dos factores: el volumen de energía que necesita movilizarse para garantizar la estabilidad del sistema y los precios ofertados por las centrales que participan en estos mecanismos. Ambos componentes registraron aumentos significativos durante septiembre.

Ingresos enero-septiembre

3.906 M€

Restricciones técnicas y regulación secundaria

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Energía movilizada

+40,8%

Septiembre, variación interanual

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Precio ofertado al alza

+61%

Septiembre, variación interanual

Fuente: Red Eléctrica, 13 de octubre de 2026.

Las restricciones técnicas remuneraron la energía al alza a 293,44 €/MWh

En septiembre, las centrales programadas para resolver restricciones técnicas al alza percibieron un precio medio ponderado de 293,44 €/MWh, frente a los 143,25 €/MWh del precio medio aritmético del mercado diario. Aunque ambas referencias responden a metodologías de cálculo diferentes, la distancia entre ellas refleja el coste de movilizar generación adicional fuera de la casación inicial del mercado.

Las restricciones técnicas permiten modificar los programas de generación resultantes del mercado mayorista cuando estos no cumplen las condiciones físicas y de seguridad de la red. Su coste depende tanto de la necesidad de intervención del operador como de las ofertas económicas de las instalaciones disponibles, entre las que figuran las centrales de ciclo combinado.

Red Eléctrica sostiene que estos servicios forman parte del funcionamiento ordinario del sistema eléctrico y que su importancia ha aumentado desde 2021, en paralelo a la transformación del parque de generación. El operador también señala que durante las cuatro semanas anteriores a su comunicado el coste del mercado mayorista aumentó un 21,4%, mientras que el de las restricciones técnicas disminuyó un 8,2%, una evolución que cuestiona la existencia de una relación directa entre ambos componentes.

La operación reforzada representa una parte limitada del coste total

Uno de los principales puntos de discrepancia entre el operador y las compañías eléctricas es el coste de la operación reforzada, introducida tras el apagón del 28 de abril de 2025 para reforzar las condiciones de seguridad del sistema.

Red Eléctrica precisa que esta operación tuvo un coste de 8,8 millones de euros en septiembre, una cantidad que debe distinguirse del conjunto de los servicios de ajuste. Según los datos del operador recogidos por Cinco Días, el coste acumulado de la operación reforzada durante 2026 ascendía a 275 millones de euros, muy por debajo de los 3.906 millones correspondientes a restricciones técnicas y regulación secundaria.

El operador también rechaza incluir el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) dentro de la operación reforzada, ya que se trata de un mecanismo independiente de balance en el que participan voluntariamente consumidores capaces de reducir su demanda cuando lo requiere el sistema.

El encarecimiento de los ajustes llega a la tarifa regulada

La discusión sobre estos costes tiene consecuencias directas para los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Según los cálculos publicados por Cinco Días, los servicios de ajuste explicaron 9,86 €/MWh de los 15,03 €/MWh que aumentó la tarifa regulada en septiembre respecto a agosto, antes de impuestos. Es decir, aproximadamente dos tercios del incremento mensual.

El encarecimiento también afecta a las comercializadoras del mercado libre, especialmente a aquellas que ofrecen contratos de precio fijo y deben asumir las variaciones de los costes de ajuste hasta que puedan incorporarlas a sus nuevas ofertas o renovaciones.

Las compañías eléctricas han cuestionado la transparencia de los criterios utilizados para determinar las necesidades de la operación reforzada, mientras que Red Eléctrica insiste en que aplica procedimientos regulados y que los importes resultantes remuneran a los agentes que prestan los servicios.

La controversia plantea así dos cuestiones distintas: cuánto cuesta garantizar la seguridad del sistema eléctrico y cómo se forman los precios que perciben las instalaciones necesarias para prestar estos servicios. Los 3.906 millones comunicados por Red Eléctrica cuantifican la remuneración acumulada por dos mecanismos de ajuste, pero no permiten determinar por sí solos qué parte de ese importe podría haberse evitado mediante una operación diferente. Para ello sería necesario contrastar las necesidades técnicas de cada periodo con las ofertas disponibles y los criterios de programación aplicados.