El Gobierno español ha incorporado la aprobación del nuevo real decreto de centros de datos a las negociaciones con la Comisión Europea para desbloquear 25.861 millones de euros del último desembolso del Plan de Recuperación. La decisión introduce una dimensión electoral en una regulación que ha generado una fuerte oposición empresarial y cuya aprobación se podría completar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
España presentó el pasado 30 de septiembre su séptima y última solicitud de pago de los fondos Next Generation EU, vinculada al cumplimiento de 148 hitos y objetivos. El Ejecutivo ha ofrecido la regulación de los centros de datos como parte de un compromiso más amplio con Bruselas, en sustitución de otras reformas inicialmente previstas que finalmente no se han materializado, como el incremento de la fiscalidad sobre el diésel.
La negociación añade presión al calendario regulatorio. Aunque la Comisión Europea dispone hasta el 31 de diciembre para completar la evaluación, el Gobierno confía en recibir los fondos durante noviembre. El Ejecutivo está comprometiendo así el marco regulatorio de un sector con inversiones previstas de decenas de miles de millones de euros para facilitar la obtención de financiación comunitaria antes de las elecciones, una decisión que enfrenta las prioridades presupuestarias inmediatas con las necesidades de planificación a largo plazo de los inversores.
Una regulación que condiciona inversiones millonarias
El proyecto de real decreto establece nuevas obligaciones para los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW, especialmente en materia de eficiencia energética, consumo de agua, resiliencia y soberanía digital. Entre sus disposiciones más controvertidas figura la exigencia de respaldar al menos el 80 % del consumo eléctrico con nueva generación renovable, acreditando una correspondencia horaria entre producción y demanda.
Como ya analizó Day-Ahead News en agosto, el borrador exige que los nuevos centros de datos acrediten el origen renovable adicional de al menos el 80 % de su consumo eléctrico, con una correlación entre generación y demanda hora a hora. Esta obligación, que contempla distintas modalidades de suministro, incluidos el autoconsumo y los contratos de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA), condiciona la planificación energética de los proyectos y prevé penalizaciones económicas e incluso la pérdida de los permisos de acceso y conexión ante determinados incumplimientos.
La patronal SpainDC estima que las inversiones previstas en centros de datos podrían alcanzar los 67.000 millones de euros hasta 2030 y advierte de que aproximadamente 9.000 millones podrían encontrarse en riesgo por las exigencias regulatorias. Estas cifras corresponden a estimaciones del sector y no a inversiones cuya cancelación esté confirmada.
El Gobierno, por su parte, considera que el crecimiento de estas instalaciones, impulsado especialmente por la inteligencia artificial, debe acompañarse de nueva capacidad renovable para evitar un mayor recurso a la generación con gas y el traslado de costes adicionales al conjunto del sistema eléctrico. La regulación también incorpora requisitos de soberanía digital, incluidos criterios sobre el establecimiento de los operadores en la Unión Europea y la protección de determinados datos frente al acceso de autoridades de terceros países.
La urgencia electoral acelera el calendario regulatorio
El Ejecutivo pretende aprobar el decreto durante octubre o, como máximo, en las primeras semanas de noviembre. El texto ya ha sido examinado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y debe completar su tramitación ante el Consejo de Estado antes de llegar al Consejo de Ministros, que puede aprobarlo sin necesidad de una votación parlamentaria.
La aceleración coincide con las críticas de empresas tecnológicas y promotores de centros de datos, que cuestionan especialmente la obligación de vincular su demanda eléctrica a nueva generación renovable con correlación horaria. La patronal del sector considera que estas condiciones podrían reducir la competitividad de España frente a otros mercados europeos, precisamente cuando el país aspira a consolidarse como uno de los principales destinos de inversión en infraestructuras digitales.
La decisión del Gobierno refleja una tensión entre sus prioridades presupuestarias inmediatas y los objetivos industriales a largo plazo. Una regulación que puede condicionar inversiones privadas estimadas en 67.000 millones de euros se ha convertido también en una herramienta de negociación para asegurar el desembolso de 25.861 millones de financiación europea antes de las elecciones del 29 de noviembre. Esta coincidencia temporal introduce una dimensión electoral, aunque no demuestra por sí sola que la proximidad de los comicios sea la causa exclusiva de la aceleración normativa.
La Comisión Europea deberá determinar ahora si España ha cumplido los compromisos necesarios para recibir el último desembolso del Plan de Recuperación. Mientras tanto, los promotores de centros de datos continúan pendientes de una versión definitiva del decreto que determinará las condiciones de desarrollo de nuevas infraestructuras digitales en España.
