Campus de centros de datos de DATA4 en Alcobendas, en la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid recurrirá el real decreto con el que el Gobierno central regulará los centros de datos, una norma que todavía no se ha aprobado, por considerar que invade competencias autonómicas. Lo anunció el martes 10 de noviembre el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, en la colocación de la primera piedra de un centro de datos de Goodman en la capital, según la nota de prensa del Gobierno regional. El Ejecutivo autonómico sostiene que el decreto de centros de datos frena la inversión en una región que, según sus cifras, suma 59 centros y una cartera de más de 45 proyectos con más de 3.467 MW.
De esos 59 centros de datos, 40 están en funcionamiento y 19 en construcción. Los proyectos en cartera supondrían una inversión aproximada de 15.000 millones de euros y más de 17.000 puestos de trabajo, siempre según la Comunidad. López-Valverde advirtió de que las exigencias del proyecto estatal «pueden desviar inversiones hacia otros países europeos, como Francia o Portugal», y de que sus restricciones «pueden comprometer el volumen de inversión y empleo».
El Gobierno regional ya presentó la semana pasada alegaciones ante el Consejo de Estado, en las que defendía que la norma vulnera la legislación europea, genera inseguridad jurídica e impone requisitos y regímenes sancionadores que considera inasumibles para el sector. El acto en el que se anunció el recurso fue el arranque de las obras del MAD01 de Goodman, en el distrito de San Blas-Canillejas, con una inversión de 200 millones de euros para una primera fase de 6 MW que la empresa prevé ampliar hasta 11,7 MW en 2028.
Qué regula el decreto de centros de datos
El origen de la norma es el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que encargó al Gobierno fijar por real decreto requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital para los centros de datos conectados a la red eléctrica. El proyecto que el Ministerio para la Transición Ecológica sometió a audiencia pública el 27 de agosto, por la vía de urgencia, se aplica a los centros con una potencia de acceso de 1 MW o más y condiciona a esos requisitos la obtención y el mantenimiento de los permisos de acceso y conexión.
En la práctica, el borrador exige que el centro lo opere una entidad establecida en la Unión Europea, que alcance la máxima clase de eficiencia energética e hídrica del futuro etiquetado europeo y que cubra al menos el 80 % de su consumo con renovables nuevas, acreditadas hora a hora, mientras la generación renovable no supere el 90 % del mix. Day-Ahead News ya analizó en agosto esa obligación de renovables adicionales y, en octubre, cómo el Gobierno vinculó la aprobación del decreto al último desembolso de los fondos europeos. El texto final puede cambiar, porque el Ejecutivo tiene que incorporar las observaciones esenciales del Consejo de Estado.
El órgano consultivo despachó el 6 de noviembre su dictamen 1041/2026 sobre el proyecto. Según El País, que ha tenido acceso al documento, el dictamen se aprobó por unanimidad, afirma que el Consejo de Estado «no pone en duda la competencia del Estado para aprobar la norma» y fija cuatro observaciones esenciales, entre ellas reforzar la memoria de impacto normativo. El Gobierno quiere aprobar el decreto en el Consejo de Ministros del 17 o del 24 de noviembre, antes de las elecciones generales del día 29.
Cómo se recurre un decreto estatal por invadir competencias
Decir que una norma estatal invade competencias significa sostener que el Estado ha regulado algo que la Constitución y el Estatuto de Autonomía atribuyen a la comunidad, o que ha ido más allá de lo que le permite su propia competencia. La nota de la Comunidad no concreta qué competencias autonómicas considera afectadas ni qué vía usará, y en cualquier caso tendrá que esperar a que el decreto se publique en el BOE.
La primera vía es el conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional. Antes de acudir al tribunal, el Gobierno regional tiene que enviar al Gobierno central, en los dos meses siguientes a la publicación, un requerimiento para que retire o corrija los preceptos que considera invasivos; si el Gobierno lo rechaza o no contesta en un mes, la comunidad dispone de otro mes para plantear el conflicto. El Constitucional solo decide a quién corresponde la competencia, y el recurso no suspende el decreto de forma automática, porque esa suspensión automática solo la tiene el Gobierno central cuando impugna normas autonómicas.
La segunda es el recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es la que revisa los reglamentos aprobados por el Consejo de Ministros, también en un plazo de dos meses desde la publicación. Esta vía permite alegar cualquier ilegalidad, como la vulneración del derecho europeo que también invoca Madrid, y pedir la suspensión cautelar. Las dos son compatibles, aunque si se plantean a la vez el Supremo debe paralizar el proceso hasta que el Constitucional resuelva el conflicto de competencias.
Madrid no es la única comunidad que se opone. El Gobierno de Aragón presentó alegaciones en septiembre en las que advertía de que el proyecto pone en riesgo inversiones anunciadas en la región por más de 54.000 millones de euros y de que, al limitar por reglamento el acceso y la conexión a la red, excede la habilitación legal y requeriría una norma con rango de ley. El dictamen, según El País, no pone objeciones al rango de real decreto.
