19/11/2026
Portada » La UE acuerda plazos de 3 meses para autorizar solar y 18 para transponer
Filas de paneles fotovoltaicos sobre estructura metálica en una planta solar de Novés (Toledo), con el campo al fondo.

Planta fotovoltaica en Novés (Toledo).

Consejo y Parlamento pactan techos de tres meses para solar y almacenamiento junto a la planta, seis meses para baterías independientes y recarga, y dos años para el bombeo. El acuerdo es provisional y España lo transpondrá tras el 29-N; el freno, aquí, sigue siendo la capacidad de la red.

En la madrugada del 18 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional para acortar los plazos de los permisos de renovables, de las redes eléctricas, del almacenamiento y de los puntos de recarga. El texto forma parte del paquete europeo de redes y, según la nota del Parlamento, fija un máximo de tres meses para los equipos solares y el almacenamiento situado junto a la planta (sin hidrógeno), seis meses para las baterías independientes y la recarga de vehículos, y dos años para el bombeo hidroeléctrico. Todavía no es una norma en vigor: falta la adopción formal por ambas instituciones y, después, un año y medio para que los Estados lo incorporen a su derecho interno.

Qué cambia, y qué no dice lo mismo en las dos notas

El acuerdo permite a los Estados tratar las renovables y las redes eléctricas como de interés público superior. En la práctica, eso ayuda a que un proyecto salga adelante cuando choca con otras normas, por ejemplo ambientales. Los países podrán no aplicar esa presunción si está en juego la seguridad, la defensa o el patrimonio cultural; el Parlamento añade que solo en casos debidamente justificados.

Los plazos que cita el Parlamento son techos, no promesas de rapidez automática. La conexión a la red debería resolverse en tres meses, ampliables a seis si hay justificación, con una salvedad para los sistemas aislados o de pequeño tamaño, como los de las regiones ultraperiféricas. Un plazo para resolver el expediente de conexión no crea capacidad en el nudo si esa capacidad no existe.

También se eleva de 100 a 200 kW el umbral a partir del cual hacen falta permisos para instalaciones solares de pequeño tamaño, almacenamiento (de nuevo, sin hidrógeno) y recarga. Ese 100 kW es el de la propuesta de la Comisión de 10 de diciembre de 2025. Las estaciones de recarga de hasta 1 MW en estructuras artificiales, como un edificio o un aparcamiento, quedarán exentas de permiso administrativo.

El reparto obligatorio de beneficios con las comunidades locales que acogen el proyecto, o se ven afectadas por él, baja de 10 a 7 MW de potencia instalada, otro cambio respecto a la propuesta de la Comisión. Quedan fuera los proyectos de comunidades de energías renovables.

Hay matices entre las dos notas oficiales. El Consejo presenta el silencio administrativo positivo en los trámites intermedios como una facultad de los Estados («podrán decidir»); la nota del Parlamento no lo menciona. El Parlamento habla de «un portal digital nacional único»; el Consejo, de portales únicos o conectados «en el nivel administrativo adecuado», con un punto de acceso único para el solicitante. El Consejo recoge, además, la designación voluntaria de un facilitador independiente para el diálogo con el público. Los plazos en meses, el umbral de 200 kW, la exención de 1 MW para la recarga y el descenso de 10 a 7 MW aparecen en la nota del Parlamento, no en la del Consejo. El plazo de transposición de un año y medio (18 meses) lo da el Consejo, no el Parlamento.

En España, el cuello de botella es la capacidad de la red

Acortar papeles no añade megavatios en un nudo saturado. En España, el freno más claro de muchos proyectos no es solo la tramitación, sino la falta de capacidad de acceso y conexión. Day-Ahead News ha contado cómo, en los mapas de Red Eléctrica, tres de cada cuatro nudos de la red de transporte ya no admiten más demanda con los criterios actuales de cálculo, y cómo la cola de permisos ya concedidos en transporte es muy abultada: 129 GW eólicos y fotovoltaicos y 16 GW de almacenamiento.

No comparamos esos máximos europeos con los plazos actuales de la tramitación española. No hemos encontrado en el BOE o en el MITECO una equivalencia limpia, tecnología por tecnología, que permita poner un «antes» y un «después» sin forzar los datos. La directiva de permisos de renovables fija techos a escala de la Unión; su efecto real dependerá de cómo se transponga y, sobre todo, de si hay capacidad en la red.

La transposición caerá en el próximo Gobierno

El acuerdo es provisional. El Parlamento lo someterá primero a la comisión de Industria, Investigación y Energía, y después al pleno; el Consejo también debe respaldarlo. Tras la revisión jurídico-lingüística, ambas instituciones lo adoptarán formalmente y se publicará en el Diario Oficial. El plazo de 18 meses para transponer, que cita el Consejo, empieza a contar desde la entrada en vigor, no desde esta madrugada.

Ese calendario caerá, en España, en la legislatura que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas por el real decreto 806/2026. Las Cortes se constituyen el 23 de diciembre; el Gobierno que se forme a partir de entonces será el que tenga que escribir esas reglas en la normativa nacional.

España ya llegó tarde a notificar la transposición completa de la directiva de renovables de 2023 (Directiva (UE) 2023/2413), que incluía normas para acelerar permisos. La Comisión envió el 24 de julio de 2025 una carta de emplazamiento a 26 Estados miembros, entre ellos España: el plazo general era el 21 de mayo de 2025 y algunas disposiciones de permisos debían haberse transpuesto el 1 de julio de 2024. En el paquete de diciembre de 2025, la Comisión elevó a dictamen motivado a ocho países; España no estaba en esa lista. El antecedente no convierte a España en un caso aparte, pero sí deja claro que pactar plazos en Bruselas no equivale a aplicarlos a tiempo en Madrid.