El regulador activa su primera respuesta formal casi un año después
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado un paso importante en el reparto de culpas del apagón que afectó a la Península Ibérica el 28 de abril de 2025. Casi doce meses después del incidente, el organismo ha iniciado formalmente cerca de una veintena de expedientes sancionadores contra seis grandes actores del sector energético, entre ellos el operador del sistema, Red Eléctrica (REE), y varias compañías generadoras.
Se trata de la primera actuación administrativa formal vinculada al evento. El alcance de los expedientes revela una estrategia amplia del regulador, que apunta tanto al operador del sistema como a distintas instalaciones de generación, especialmente nucleares e hidráulicas.
Reparto de expedientes. Endesa e Iberdrola concentran la mayor carga
Endesa encabeza la lista con seis procedimientos abiertos, cuatro de ellos dirigidos a su filial de generación y dos adicionales a instalaciones nucleares operadas a través de la Asociación Ascó-Vandellós II.
Le siguen Iberdrola y Naturgy, con cinco expedientes cada una. En el caso de Iberdrola, cuatro afectan a su filial de generación y uno a la matriz. Naturgy, por su parte, acumula tres procedimientos en su división de ciclos combinados y dos en generación.
El listado se completa con un expediente a Repsol Generación Eléctrica y otro a la central de ciclo combinado de Bahía de Bizkaia Electricidad, participada mayoritariamente por Gunvor Group y el Ente Vasco de la Energía.
REE, única infracción muy grave bajo la Ley del Sector Eléctrico
Dentro del conjunto de expedientes, el único calificado como presunta infracción muy grave recae sobre Red Eléctrica. La CNMC vincula este procedimiento al artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), que sanciona el incumplimiento de funciones esenciales del operador del sistema cuando estas generan perjuicios.
Funciones bajo escrutinio
Entre las obligaciones analizadas se encuentran:
- La correcta programación de la generación eléctrica, en línea con los resultados del mercado.
- La gestión de los servicios de ajuste, clave para mantener la estabilidad del sistema.
- La emisión de instrucciones operativas necesarias, esenciales para garantizar la seguridad de la red.
El regulador considera que posibles desviaciones en estas funciones habrían afectado al funcionamiento global del sistema eléctrico.
Infracciones graves para las generadoras, sin riesgo directo de suministro
En contraste, las compañías generadoras afrontan presuntas infracciones calificadas como graves, conforme al artículo 65.8 de la LSE. Estas se relacionan con el incumplimiento de distintas obligaciones operativas recogidas en los artículos 64.15, 64.16 y 64.17.
La CNMC subraya que, en estos casos, no se ha identificado un impacto directo sobre la garantía de suministro ni daños graves al sistema, lo que explica la menor gravedad de las sanciones potenciales.
Un enfoque amplio ante un evento de origen multifactorial
Uno de los elementos más relevantes del proceso es el enfoque adoptado por la CNMC. El organismo insiste en que el apagón respondió a causas múltiples, una conclusión ya recogida en informes previos elaborados por el propio regulador, el Ministerio para la Transición Ecológica, Red Eléctrica y ENTSO-E.
Las investigaciones no han permitido o no han querido aislar una causa única ni atribuir responsabilidades directas de forma concluyente, lo que ha llevado a incluir a múltiples agentes en los procedimientos.
Fuentes del sector interpretan esta decisión como un intento de cubrir todas las posibles derivadas ante la falta de pruebas determinantes, evitando concentrar la responsabilidad en un único actor.
Investigación prolongada y críticas desde el sector
Tras el apagón, la CNMC abrió un expediente informativo para analizar las circunstancias del incidente. Las conclusiones apuntan ahora a incumplimientos sostenidos en el tiempo, algunos de ellos previos al evento.
Algunas compañías cuestionan que situaciones supuestamente prolongadas no hayan sido abordadas antes, especialmente cuando ciertas limitaciones técnicas eran conocidas tanto por el operador del sistema como por la propia Administración.
Procedimiento abierto, sin responsabilidades cerradas
La CNMC insiste en que la apertura de expedientes no implica atribuir la causa del apagón a las empresas investigadas. Incluso en caso de sanción, esta podría derivarse de incumplimientos operativos sin relación directa con el origen del incidente.
Además, el inicio del procedimiento no anticipa su desenlace. Las empresas podrán presentar alegaciones y aportar pruebas en su defensa.
Plazos de resolución
El proceso administrativo tendrá una duración variable:
- Entre 9 y 18 meses, según la complejidad de cada caso.
- Dependiente del volumen de información adicional requerida.
Este calendario ha sido recibido con escepticismo en el sector, dado que la investigación acumula ya cerca de un año de trabajo previo.
Impacto judicial y presión económica
El movimiento de la CNMC llega a menos de dos semanas del primer aniversario del apagón, se abre la ventana final para reclamar daños en sede judicial.
Varias compañías ya han anticipado acciones legales. Repsol y Moeve, por ejemplo, plantearon reclamaciones por valor de 175 y 50 millones de euros, respectivamente. A ellas se suman aseguradoras como Mapfre u Occident, que buscan recuperar las indemnizaciones abonadas a miles de clientes.
El problema central sigue sin resolverse. Determinar a quién corresponde la responsabilidad última del incidente.
Decisiones internas y contexto institucional
La incoación de los expedientes ha sido aprobada por la Dirección de Energía de la CNMC, sin pasar por el consejo de administración. Este detalle ha generado incomodidad interna, dado el impacto y la relevancia del caso.
En paralelo, la decisión coincide con un momento clave en el organismo. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, dejará el cargo en junio, y comparecerá en el Congreso para presentar el balance anual del regulador.
En ese contexto, distintas fuentes apuntan a que la apertura de los expedientes se habría acelerado en las semanas previas a su intervención parlamentaria.
Un proceso abierto en un sistema bajo tensión
El expediente sancionador iniciado por la CNMC no cierra el capítulo del apagón, lo amplía. El regulador opta por una aproximación extensiva en un entorno donde las causas no se dejan aislar con facilidad.
La consecuencia es un proceso largo, con múltiples actores implicados y sin una asignación clara de responsabilidades en esta fase. El sistema eléctrico entra así en una etapa de revisión operativa y jurídica que podría prolongarse más allá de 2026, mientras el sector espera respuestas que, por ahora, siguen fragmentadas.
