La rápida expansión de los centros de datos ha abierto un nuevo frente entre la industria tradicional y las infraestructuras digitales. Los grandes consumidores eléctricos temen que las inversiones necesarias para abastecer estas instalaciones terminen trasladándose al conjunto de la factura.
Las asociaciones industriales han llevado esa preocupación a la consulta del proyecto de real decreto con el que el Gobierno pretende endurecer las condiciones aplicables a los centros de datos. Las alegaciones reclaman evaluar el impacto económico de cada proyecto antes de concederle acceso a la red.
La posición reúne a actividades como la metalurgia, la automoción, la química y la cerámica. Todas compiten por electricidad, agua y capacidad de conexión, aunque sus necesidades productivas y su peso en el empleo presentan características muy distintas a las de un centro de procesamiento digital.
Los precedentes internacionales inquietan a las fábricas
Estados Unidos, Irlanda y Países Bajos muestran los problemas que pueden aparecer cuando la demanda digital crece con más rapidez que las redes y la generación disponible. Tras impulsar grandes concentraciones de centros de datos, varias administraciones han introducido límites, moratorias o medidas para contener su presión sobre el sistema eléctrico.
Un estudio elaborado por cuatro universidades, tres estadounidenses y una canadiense, calcula que la infraestructura digital podría concentrar hasta el 20% del consumo eléctrico de Estados Unidos en 2030. En zonas congestionadas, como el norte de Virginia, los precios podrían aumentar hasta un 57%. Para los hogares, la estimación sitúa el encarecimiento medio de la factura entre el 6% y el 29%.
Estos cálculos han reforzado las cautelas de la industria española, especialmente entre las empresas electrointensivas. En esos sectores, una variación del precio eléctrico puede alterar los costes de producción, la capacidad exportadora y las decisiones de inversión.
Un frente industrial con peso económico
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha coordinado la mayor parte de las observaciones. La organización agrupa nueve asociaciones cuyos sectores suman 4 millones de puestos de trabajo, generan el 67% de las exportaciones industriales y representan el 55% del producto interior bruto industrial.
Algunas ramas, entre ellas la siderurgia, también han presentado aportaciones propias. El denominador común es la petición de que los nuevos consumos digitales no deterioren la posición competitiva de las instalaciones que ya operan en España.
El Gobierno plantea un suministro renovable del 80%
El borrador del Ejecutivo obligaría a los centros de datos a cubrir con renovables al menos el 80% de su consumo eléctrico. Además, deberían demostrar la correspondencia entre generación y demanda hora a hora.
La electricidad tendría que proceder de plantas construidas durante los 18 meses anteriores, como máximo, al inicio de la actividad del centro. Este criterio busca incorporar nueva producción renovable, en lugar de reservar para estos proyectos energía limpia que ya abastece al sistema. El incumplimiento conllevaría penalizaciones económicas.
La industria respalda esa exigencia, pero considera que no basta para neutralizar el efecto sobre la factura. El origen renovable de la electricidad no elimina la necesidad de ampliar redes, disponer de capacidad firme o contratar servicios de ajuste.
El 20% restante tampoco quedaría sujeto al requisito verde. A ello se suma el perfil de demanda de los centros de datos, que funcionan de manera continua y necesitan un suministro estable. Esta combinación puede requerir actuaciones adicionales cuyo coste podría repartirse entre los consumidores si la regulación no determina quién debe asumirlo.
Una auditoría antes del permiso de conexión
Las empresas proponen que Red Eléctrica de España examine los costes vinculados a cada iniciativa cuando el promotor solicite conectarse. La evaluación se realizaría antes de que la instalación comenzara a operar, cuando todavía resulta posible atribuir las inversiones necesarias a un proyecto concreto.
Sus demandas se concentran en tres actuaciones:
- Evaluar de antemano los refuerzos de red y los servicios que necesita cada centro.
- Aprobar una metodología común para calcular su impacto económico.
- Evitar que los gastos asociados al nuevo consumo se distribuyan de forma indiscriminada entre los usuarios del sistema.
La propuesta también emplaza al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a elaborar ese método durante los seis meses posteriores a la aprobación del real decreto. Para la industria, esperar a que aparezcan aumentos en los precios dificultaría separar el efecto de los centros de datos de otros factores del mercado eléctrico.
El agua y el suelo también entran en la ecuación
Las alegaciones no se limitan a la electricidad. La Alianza plantea una memoria hídrica obligatoria que detalle las necesidades de cada instalación y su compatibilidad con los recursos disponibles. Los promotores también tendrían que preparar un protocolo específico para periodos de sequía.
El objetivo consiste en proteger tanto los usos actuales como las reservas incluidas en la planificación hidrológica. El control del consumo cobra especial relevancia en territorios donde la disponibilidad de agua ya condiciona las actividades agrícolas, industriales y urbanas.
En materia urbanística, los proyectos deberían aportar un plan de madurez antes de iniciar su tramitación. Ese documento tendría que acreditar, entre otros aspectos, que el suelo necesario está realmente disponible.
Prioridad para descarbonizar las fábricas
El último punto afecta al orden de acceso a las redes. Cuando la capacidad de transporte o distribución no permita atender todas las peticiones, las asociaciones reclaman preferencia para las inversiones destinadas a reducir las emisiones de la producción industrial.
Esta prioridad facilitaría la electrificación de procesos y la sustitución de combustibles fósiles. Sin capacidad eléctrica disponible, parte de esas actuaciones no puede ejecutarse, aunque resulte necesaria para cumplir los objetivos climáticos y mantener la actividad productiva.
Portugal ya avanza en esta dirección. El Gobierno ha situado a las industrias electrointensivas por delante de los centros de datos en el acceso a la red. Primero reconoce los derechos de conexión de los grandes consumidores industriales y después somete a concurso la capacidad restante. La ministra de Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, vincula esta prioridad con el empleo, las exportaciones y la generación de riqueza local.
El real decreto intenta vincular el crecimiento digital con nueva generación renovable. Las fábricas piden añadir una segunda condición: que cada centro de datos asuma de forma transparente el impacto que cause sobre las redes y los servicios del sistema.
La inteligencia artificial opera en el ámbito digital, pero la infraestructura que la sostiene necesita megavatios, líneas eléctricas, terreno y agua. Para la industria, esos recursos y sus costes deben quedar definidos antes de conectar cada proyecto, no cuando ya aparezcan repartidos en la factura.
