La La CNMC advierte del impacto de los centros de datos sobre la red eléctrica y pide revisar las exigencias del Gobierno
España acumula unos 12 GW de permisos de acceso concedidos a centros de datos, frente a una demanda prevista de hasta 4 GW para 2030. El regulador alerta del riesgo de comprometer la electrificación industrial, pero considera que las obligaciones renovables propuestas por el Ejecutivo podrían encarecer innecesariamente los proyectos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cuestionado varios de los requisitos del futuro real decreto de centros de datos, especialmente la obligación de cubrir el 80% del consumo eléctrico mediante nueva generación renovable y mantener una correspondencia horaria entre producción y consumo. El regulador comparte la preocupación del Gobierno por el impacto de estas instalaciones sobre el sistema eléctrico, pero considera que determinadas obligaciones podrían aumentar los costes sin mejorar necesariamente la integración de renovables.
El informe IPN/CNMC/038/26, aprobado el 22 de septiembre, sitúa el debate en un problema de mayor alcance: España ha concedido alrededor de 12 GW de permisos de acceso a centros de datos y mantiene otros 27 GW en tramitación, mientras que la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024 contempla una demanda eléctrica de entre 3,5 y 4 GW asociada a la capacidad de computación prevista para 2030. La diferencia evidencia la incertidumbre sobre cuántas de las inversiones anunciadas llegarán a materializarse y qué infraestructuras serán necesarias para atenderlas.
Los centros de datos concentran la mayor presión sobre las redes
Los datos recopilados por la CNMC muestran que los centros de procesamiento de datos concentran un volumen de solicitudes de acceso muy superior al de otros grandes consumidores, incluidos los proyectos industriales, el hidrógeno y las promociones urbanísticas.
Fuente: Figura 1 del informe de la CNMC, página 6. – Los permisos concedidos corresponden al periodo iniciado en 2021 y las solicitudes en tramitación a 2026.
La primera figura del documento sitúa a los centros de datos por delante del almacenamiento, que representa la segunda gran categoría de solicitudes. La Comisión contabiliza además más de 32 GW de peticiones denegadas para centros de datos y señala que ya se han producido renuncias a 1,6 GW de capacidad, parcialmente relacionadas con las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 7/2026 para reforzar los compromisos de los promotores.
El problema no reside únicamente en la disponibilidad de potencia, sino que el hecho de que un volumen elevado de permisos que no llegue a traducirse en consumo efectivo puede distorsionar la planificación de las redes y justificar inversiones que después queden infrautilizadas. En sentido contrario, si una parte sustancial de los proyectos entra en operación, el sistema necesitará nuevas infraestructuras y generación para atender una demanda elevada y relativamente constante.
La CNMC advierte de que ambos escenarios pueden repercutir en los consumidores, ya sea mediante mayores costes de red y generación o por una competencia creciente por la capacidad disponible. La industria electrointensiva y los proyectos de electrificación industrial quedarían especialmente expuestos en aquellas zonas donde la conexión eléctrica ya constituye una limitación para nuevas inversiones.
El regulador cuestiona que exigir más renovables sea siempre la solución
El borrador gubernamental establece que los centros de datos deberán acreditar una cobertura renovable del 80% de su consumo horario mediante electricidad producida en esa misma hora. También exige que la generación contratada sea adicional, con una fecha de entrada en funcionamiento no anterior en más de 18 meses a la del centro de datos, salvo los supuestos de exención previstos.
La CNMC considera que aplicar estas obligaciones de manera uniforme puede provocar inversiones ineficientes. En horas de elevada generación solar, cuando existen excedentes, vertidos o precios negativos, incorporar nueva demanda puede facilitar el aprovechamiento de electricidad que de otro modo no tendría salida. Exigir simultáneamente nueva capacidad renovable durante esos periodos podría agravar el desajuste entre producción y consumo.
El regulador propone concentrar las obligaciones más exigentes en las horas de escasez renovable, cuando la incorporación de grandes consumidores puede elevar los precios o requerir generación convencional de respaldo. También recomienda facilitar el uso de distintas tecnologías renovables, ampliar los plazos de adicionalidad y reconocer expresamente las repotenciaciones, hibridaciones y baterías standalone.
La alternativa plantea un cambio en la forma de evaluar estos proyectos: priorizar su capacidad para adaptarse a las necesidades del sistema frente al cumplimiento de un porcentaje renovable uniforme. Para ello, la CNMC propone valorar el almacenamiento, la reducción temporal de consumo y la participación en servicios de ajuste, aunque reconoce que estas posibilidades requieren condiciones técnicas adecuadas para garantizar la seguridad del suministro.
Europa prevé que el consumo de los centros de datos pueda triplicarse
Según sus escenarios publicados en mayo de 2026 por ENTSO-E, el consumo de los centros de datos en España podría pasar de 87 TWh anuales en 2024 a entre 134 y 254 TWh en 2035.
Alemania, Francia y Reino Unido concentran buena parte de las previsiones de crecimiento Europeo, mientras que España también aparece entre los mercados europeos donde se espera un aumento significativo del consumo eléctrico asociado a estas instalaciones.
La experiencia de Irlanda ofrece una referencia de los efectos de esta concentración. Según recoge la CNMC, los centros de datos han pasado de representar el 4% del consumo eléctrico irlandés en 2015 al 28% en 2026, con una previsión del 35% en 2035. Esta evolución ha obligado al país a revisar las condiciones de conexión de grandes consumidores para limitar sus efectos sobre las redes y la seguridad de suministro.
El decreto condicionará inversiones ya comprometidas
Las recomendaciones de la CNMC tienen implicaciones para los promotores que ya disponen de permisos de acceso y conexión. El borrador concede seis meses para acreditar los nuevos requisitos a aquellos proyectos que todavía no estén conectados cuando entre en vigor la norma, un plazo que el regulador considera insuficiente para negociar contratos renovables y adaptar inversiones avanzadas.
También cuestiona determinadas condiciones de los contratos de compraventa de electricidad (PPA), cuya duración mínima se fija en diez años, y plantea flexibilizar su aplicación. Los proyectos que hayan comprometido inversiones, iniciado su construcción o formalizado acuerdos de suministro podrían necesitar un tratamiento transitorio para evitar que las nuevas exigencias alteren su viabilidad financiera.
La posición de la CNMC coincide en varios aspectos con las objeciones planteadas por compañías como Amazon, Microsoft y Equinix, aunque el regulador mantiene que el crecimiento del sector debe estar sujeto a condiciones que eviten trasladar costes al resto de consumidores.
El Gobierno, por su parte, ha vinculado la aprobación del decreto a sus compromisos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, como analizó Day-Ahead News al examinar la propuesta inicial. La tramitación deberá resolver cómo compatibilizar la atracción de inversiones digitales con unas redes cuya capacidad disponible también necesitan la industria, el transporte y otros sectores que afrontan su electrificación.
La CNMC reclama precisamente que la memoria de impacto normativo evalúe las consecuencias de materializar los permisos ya concedidos y solicitados, contrastándolos con las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El resultado de esa evaluación puede determinar tanto las condiciones de conexión de los futuros centros de datos como las necesidades de inversión eléctrica que terminará soportando el conjunto del sistema.
