El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado un nuevo paso en la revisión del conflicto judicial que mantiene paralizada buena parte del desarrollo eólico gallego. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de la asociación Petón do Lobo contra el parque eólico Bustelo, situado en Coristanco y Carballo (A Coruña), y ha mantenido las autorizaciones administrativa previa y de construcción concedidas por la Xunta. La resolución puede todavía ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
El alcance del fallo va más allá del proyecto promovido por Greenalia. Según los datos publicados por La Voz de Galicia, la judicialización afecta actualmente a 93 parques eólicos con autorización, de los cuales 87 cuentan con suspensiones cautelares, que suman 2.507 MW. Sin embargo, la sentencia de Bustelo no levanta automáticamente esas medidas ni resuelve los más de 200 recursos pendientes, sino que establece un criterio que podrá aplicarse progresivamente a procedimientos con argumentos jurídicos similares.
Bustelo aplica la doctrina fijada por el Supremo
La principal novedad es que el TSXG comienza a trasladar a sus propias resoluciones la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo durante los últimos meses. En la sentencia 651/2026, de 27 de mayo, el Supremo revocó precisamente el fallo de 2023 que había anulado las autorizaciones de Bustelo por considerar que existía un fraccionamiento irregular respecto a los parques de Campelo y Monte Toural.
El Supremo determinó que compartir instalaciones de conexión no permite concluir por sí solo que varios parques formen un único proyecto a efectos ambientales. La cuestión debe analizarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada instalación y a la evaluación realizada, que en el caso de Bustelo fue una evaluación de impacto ambiental ordinaria e incluyó el estudio de los efectos acumulativos y sinérgicos con otros parques e infraestructuras.
Ese criterio resulta especialmente relevante para el resto de proyectos judicializados, ya que el posible fraccionamiento de parques ha sido uno de los argumentos utilizados en diferentes recursos. La Asociación Eólica de Galicia (EGA) estima que la nueva doctrina podría tener incidencia sobre alrededor del 60 % de los expedientes paralizados, una cifra que corresponde a la valoración de la patronal y no implica que los tribunales vayan a resolver todos esos procedimientos en el mismo sentido.
La información pública pierde otro de los principales focos de litigio
El segundo frente afecta al procedimiento de información pública y a la disponibilidad de los informes sectoriales durante la tramitación ambiental. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció sobre esta cuestión el 1 de agosto de 2025 en el asunto C-461/24, Asociación Petón do Lobo, planteado por el propio TSXG a raíz del parque eólico A Raña III.
La sentencia europea interpretó el artículo 6 de la Directiva 2011/92/UE sobre evaluación de impacto ambiental, en particular el alcance de los principales informes y dictámenes que deben ponerse a disposición del público. Posteriormente, el TSXG aplicó esta doctrina considerando compatible la normativa española con la directiva y concluyó, en otro procedimiento, que una modificación del proyecto no obliga necesariamente a repetir la consulta pública cuando no genere efectos ambientales significativos adicionales.
En Bustelo, la Sección Segunda también rechaza que los defectos alegados sobre la tramitación justifiquen anular las autorizaciones y considera que no existe prueba suficiente para cuestionar la evaluación ambiental realizada.
El resultado reduce el recorrido de varios de los argumentos que habían sustentado resoluciones anteriores contra proyectos eólicos gallegos, aunque cada expediente seguirá requiriendo un análisis individual de su tramitación y de las afecciones ambientales alegadas.
Más de 2.500 MW pendientes de los tribunales
Los 93 parques afectados por procedimientos judiciales representan 2.507 MW y la inversión asociada a los proyectos ronda los 7.000 millones de euros, según las estimaciones manejadas por la patronal eólica gallega.
La dimensión del conflicto ya quedó reflejada en la cuestión prejudicial remitida al TJUE en junio de 2024. En aquel momento, el TSXG comunicó la existencia de 202 litigios pendientes correspondientes a 82 parques eólicos, buena parte relacionados con la participación pública y la tramitación ambiental.
La evolución de las medidas cautelares apunta en la misma dirección que Bustelo. La Sección Segunda ha rechazado recientemente suspender las autorizaciones del parque Coto Muíño, en Vimianzo y Zas, al considerar que la documentación aportada no permitía acreditar suficientemente la existencia de perjuicios ambientales de difícil reparación. Es la tercera medida cautelar sobre proyectos eólicos rechazada recientemente por esta sección.
Por tanto, todavía no puede hablarse de un desbloqueo conjunto de los más de 90 parques. Sí se está configurando un marco jurisprudencial diferente para resolver los procedimientos pendientes, después de las sentencias del Supremo, el pronunciamiento del TJUE y las primeras decisiones del TSXG que incorporan esos criterios.
El nuevo Plan Eólico de Galicia entra en la siguiente fase
El cambio judicial coincide con la preparación de un nuevo marco de planificación. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado que el borrador del nuevo Plan Sectorial Eólico de Galicia ya está preparado y se encuentra en revisión interna, con la previsión de iniciar su exposición pública a finales de 2026 o comienzos de 2027.
La Xunta ya había incluido entre sus objetivos para 2026 la elaboración de la base cartográfica y del primer borrador del plan, junto con las zonas de aceleración renovable, el Documento Inicial Estratégico y la posterior evaluación ambiental estratégica.
La Ley 8/2009 de aprovechamiento eólico de Galicia establece actualmente un régimen transitorio hasta la entrada en vigor del nuevo Plan Sectorial Eólico, que deberá someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria. La normativa fija además un horizonte máximo de tres años desde el 1 de enero de 2025 para mantener este régimen transitorio.
Galicia afronta así simultáneamente los dos problemas que han condicionado su desarrollo eólico durante los últimos años. Los tribunales tendrán que resolver individualmente los proyectos ya autorizados y judicializados, mientras la Xunta prepara una nueva planificación territorial para las futuras instalaciones. Bustelo no desbloquea por sí solo los más de 90 parques afectados, pero sí ofrece una primera referencia de cómo puede aplicar el TSXG la doctrina que el Supremo y el TJUE han ido fijando sobre algunos de los principales motivos de litigio.
