El mercado de capacidad eléctrico ya tiene su marco regulatorio. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este 17 de septiembre la Orden TED/966/2026, que entrará en vigor el día 18. La norma permitirá remunerar a generadores, instalaciones de almacenamiento y consumidores por aportar respaldo al sistema peninsular.
Sara Aagesen anunció la medida un día antes en el Congreso. El mecanismo busca asegurar recursos disponibles cuando el sistema los necesite y facilitar inversiones en almacenamiento y gestión de la demanda que acompañen el crecimiento renovable.
La Comisión Europea autorizó en mayo un presupuesto de 9.000 millones de euros para diez años, desde mayo de 2026. Esa cifra corresponde al conjunto del mecanismo; cada subasta concretará la capacidad que contratará según las necesidades del sistema.
Qué cobrará cada participante
El servicio remunerará la disponibilidad para aportar electricidad o reducir el consumo cuando lo requiera Red Eléctrica, como operador del sistema. Podrán concurrir instalaciones existentes, nuevos proyectos y agregadores. Las adjudicaciones seguirán el modelo pay-as-bid: cada ganador cobrará el precio de su oferta, expresado en euros por megavatio firme y año.
La potencia firme se calculará multiplicando la potencia instalada por un coeficiente asociado a la disponibilidad y fiabilidad de cada tecnología. Las convocatorias fijarán esos valores, que determinarán cuántos megavatios podrá ofrecer cada instalación.
La generación existente deberá respetar el límite de 550 gramos de CO₂ de origen fósil por kWh, superar los requisitos de flexibilidad y carecer de un marco retributivo regulado. Las nuevas inversiones que concurran a las subastas principales quedarán reservadas a renovables, almacenamiento y demanda.
Contratos de hasta 15 años
Las subastas principales contratarán capacidad con un inicio del servicio, como regla general, dentro de los cinco años posteriores a la adjudicación. La generación y el almacenamiento existentes recibirán contratos de un año; las nuevas inversiones podrán alcanzar 15 años, según la tecnología. Para la demanda, el periodo elegible será de uno a diez años. Esta previsibilidad de ingresos busca facilitar la financiación de los proyectos.
Las subastas de ajuste cubrirán necesidades adicionales con instalaciones operativas y contratos de doce meses, cuyo servicio comenzará durante el año siguiente a la adjudicación. Mientras arranca la prestación contratada en la primera subasta principal, habrá subastas transitorias, también con servicio anual y abiertas a instalaciones existentes y nuevas inversiones.
Cada convocatoria determinará el calendario, la capacidad requerida y las condiciones técnicas. Su volumen dependerá de los análisis de cobertura y de la evolución prevista de la demanda. La orden establece así las reglas generales para las futuras adjudicaciones.
Cómo se financiará el mercado de capacidad
Las comercializadoras y los consumidores directos en mercado financiarán el servicio mediante precios diferenciados por tarifa y periodo horario. El reparto dará más peso al consumo en los momentos de menor margen de cobertura, con el objetivo de incentivar su desplazamiento a otras franjas.
Por su parte, las obligaciones de disponibilidad se concentrarán en las horas de estrés que determine Red Eléctrica, con un máximo del 10 % de las horas del año. Un mercado secundario permitirá transferir los derechos y obligaciones adjudicados a instalaciones que cumplan los requisitos.
Red Eléctrica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisarán la prestación. La norma contempla penalizaciones e inhabilitación por incumplimientos: los ingresos estarán vinculados a la capacidad efectiva de responder cuando el sistema lo necesite.
