El Gobierno prepara una reforma regulatoria para desbloquear la capacidad de acceso a la red eléctrica que hasta ahora estaba reservada para concursos. El objetivo es dirigir parte de ese espacio a dos usos concretos: la repotenciación de parques eólicos existentes y el autoconsumo renovable vinculado a grandes consumidores industriales.
La medida forma parte de un proyecto de real decreto más amplio del Ministerio para la Transición Ecológica. El texto también introduce nuevas obligaciones técnicas para las renovables, reduce determinados trámites administrativos, impulsa el almacenamiento y refuerza la información ambiental en las facturas de gas.
La red se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella de la transición energética. Hay proyectos con madurez técnica, demanda industrial y capacidad de inversión, pero no siempre hay capacidad disponible para conectarlos.
Más capacidad para repotenciar parques eólicos
Uno de los cambios principales permitirá a la Secretaría de Estado de Energía liberar capacidad de generación en nudos de la red de transporte que habían quedado reservados para futuros concursos.
Esa capacidad podrá asignarse a parques eólicos en servicio que quieran sustituir sus aerogeneradores por equipos más modernos y eficientes. La repotenciación permite aumentar la producción renovable en emplazamientos ya ocupados, con infraestructuras de evacuación existentes y menor presión sobre nuevos territorios.
Los titulares podrán pedir un incremento de su capacidad de acceso de hasta el 50% respecto al permiso vigente. Para solicitarlo tendrán un plazo de tres meses desde la resolución que libere capacidad en cada nudo.
Si la capacidad disponible no alcanza para todos los proyectos, se distribuirá de forma proporcional al incremento solicitado por cada promotor. Las empresas deberán indicar también la capacidad mínima que aceptarían. Si reciben menos de ese umbral, la solicitud quedará rechazada y la capacidad se repartirá de nuevo entre el resto.
La norma también elimina el límite general al incremento de potencia de acceso en las repotenciaciones y permitirá aplicar procedimientos acelerados aunque la nueva potencia instalada supere el 25% de la planta original.
Autoconsumo renovable para grandes industrias
El proyecto abre otra vía para usar capacidad reservada en nudos de concurso: el autoconsumo industrial. La medida se dirige a instalaciones renovables asociadas a grandes consumidores, siempre que cumplan condiciones estrictas.
La actividad del consumidor deberá formar parte de la industria manufacturera. Además, la planta renovable y la instalación industrial tendrán que conectarse directamente al mismo nudo de la red de transporte.
En el caso de nuevas demandas, la industria deberá contar antes con permiso de acceso para consumo. Las solicitudes podrán presentarse durante los dos años posteriores a la entrada en vigor del real decreto.
El objetivo es facilitar que las industrias reduzcan su exposición al coste energético y sustituyan parte de sus consumos fósiles por electricidad renovable producida cerca de sus instalaciones.
Renovables con más obligaciones técnicas
La reforma también refuerza el papel de las renovables, la cogeneración y las plantas de residuos en el control de tensión de la red.
Con carácter general, estas instalaciones deberán operar dentro de un rango de factor de potencia entre 0,98 inductivo y 0,98 capacitivo. La Secretaría de Estado de Energía podrá revisar ese rango cada año, a propuesta del operador del sistema, e incluso fijar valores distintos según la zona.
Las plantas de al menos 5 MW en la Península y de 0,5 MW en los sistemas no peninsulares deberán poder seguir instrucciones del operador para modificar su factor de potencia. También podrán recibir consignas de tensión o energía reactiva.
La CNMC desarrollará las obligaciones y penalizaciones dentro del servicio de control de tensión en el sistema peninsular. Hasta entonces, los territorios no peninsulares mantendrán un régimen específico de cumplimiento horario y sanciones.
Si las renovables ocupan más espacio en el sistema eléctrico, también deberán aportar más servicios para mantener la red estable.
Menos trámites para redes y promotores
El real decreto introduce varias medidas de simplificación administrativa. Una de ellas afecta a los sistemas de Dynamic Line Rating, conocidos como DLR. Esta tecnología permite calcular en tiempo real la capacidad efectiva de una línea eléctrica mediante sensores y datos meteorológicos.
Cuando estos sistemas no impliquen cambios en el trazado, apoyos, conductores o crucetas, quedarán exentos de evaluación ambiental. La lógica es aprovechar mejor las líneas existentes sin esperar a nuevas infraestructuras.
La norma también reduce la obligación de pedir a la CNMC informes sobre la capacidad legal, técnica y económica de determinados promotores. No será necesario para el transportista único ni para distribuidoras con al menos diez años de actividad si presentan una declaración responsable.
Tampoco se exigirá a promotores de generación y almacenamiento que ya hayan recibido un informe favorable durante el año anterior para proyectos de la misma tecnología, siempre que no haya cambios sustanciales. Cuando el informe sea obligatorio, la CNMC tendrá 15 días para emitirlo y la falta de respuesta tendrá sentido positivo.
Más participación pública y ajustes al almacenamiento
La reforma amplía de 30 a 45 días el plazo de información pública en los expedientes de declaración de utilidad pública. Los anuncios deberán publicarse en el BOE, boletines provinciales, sedes electrónicas oficiales, ayuntamientos y medios de comunicación del territorio afectado.
El proyecto también introduce ajustes para el almacenamiento. Las centrales hidroeléctricas de bombeo podrán conservar excepcionalmente sus permisos de acceso aunque incorporen electrónica de potencia, siempre que el operador del sistema emita un informe favorable.
En el caso de las centrales termosolares con régimen retributivo específico, la norma permite incorporar almacenamiento térmico o ampliar el campo solar, pero sin retribución adicional a la inversión. Tampoco se retribuirá la operación de la electricidad generada con calor almacenado a partir de energía tomada de la red.
Facturas de gas con más información ambiental
Las comercializadoras de gas deberán incluir en sus facturas un código QR y un enlace al comparador de ofertas de la CNMC. El acceso incorporará automáticamente datos de consumo y características del contrato.
Las facturas también deberán informar sobre el origen y el impacto ambiental del gas suministrado. Hasta que la CNMC apruebe una metodología definitiva, las compañías tendrán que indicar el porcentaje de biometano renovable acreditado mediante garantías de origen incluido en sus ventas del año anterior.
El texto fija además un coste adicional de 9,8744 euros por MWh para calcular el precio del gas natural puesto en puerto en Canarias y Melilla. Ese importe reconoce costes de transporte marítimo, alquiler de buques de pequeña escala y tasas portuarias.
Una reforma para aprovechar mejor la red
La propuesta combina medidas técnicas, administrativas y económicas, con ellas busca usar mejor la capacidad ya disponible.
El Gobierno busca que la red reservada para concursos no permanezca inmóvil mientras existen parques eólicos listos para renovarse e industrias que necesitan electrificar consumos. La reforma no elimina el cuello de botella de la red, pero sí cambia parte de las prioridades: más repotenciación, más autoconsumo industrial y más responsabilidad técnica para las renovables que ya operan en el sistema.
