De la salida nuclear a la intervención directa del Estado
El Ejecutivo belga ha iniciado conversaciones para adquirir la totalidad de sus centrales nucleares, un movimiento que busca reforzar la seguridad de suministro en un contexto internacional cada vez más tensionado.
El país había fijado en 2003 el abandono progresivo de la energía nuclear con horizonte en 2025. Sin embargo, la evolución del entorno energético, marcada por la volatilidad de los mercados y la dependencia exterior, ha alterado esa hoja de ruta. La energía atómica ha recuperado peso en el debate estratégico, hasta el punto de considerarse nuevamente un pilar para la estabilidad del sistema eléctrico.
La flota nuclear belga
El sistema nuclear belga se ha estructurado históricamente en torno a siete reactores, distribuidos en dos emplazamientos principales. En la actualidad, cuatro unidades permanecen operativas, localizadas en Doel y Tihange, los dos polos nucleares del país.
En términos de capacidad, Doel concentra aproximadamente 2.900 MW, mientras que Tihange aporta en torno a 3.000 MW adicionales. Este volumen conjunto explica su relevancia estructural. La generación nuclear representa entre el 38 % y el 40 % del mix eléctrico belga, una proporción que sitúa a esta tecnología como uno de los pilares del sistema.
Acuerdo con ENGIE y paralización del desmantelamiento
El primer ministro, Bart de Wever, ha confirmado que ya existe un principio de acuerdo con ENGIE para definir las condiciones de la operación y activar los estudios previos necesarios. Lo que se busca es transferir al Estado la propiedad completa del parque nuclear belga.
Como parte de este entendimiento inicial, el Gobierno ha ordenado una medida inmediata: La suspensión de todas las actividades de desmantelamiento en curso, lo que evidencia el cambio de orientación política sin margen para ambigüedades.
ENGIE, uno de los grandes grupos energéticos europeos con participación estatal francesa, había asumido el control de estas instalaciones tras integrar la histórica Electrabel. Ahora, Bruselas pretende revertir esa estructura y recuperar el control directo de unos activos que considera estratégicos.
Un sistema eléctrico tensionado y con fuerte peso nuclear
Bélgica llegó a operar hasta siete reactores nucleares. En la actualidad, únicamente permanecen activos dos, pero su relevancia sigue siendo notable. Ambos aportan en torno al 40% del mix eléctrico nacional, lo que explica la cautela del Gobierno a la hora de ejecutar el cierre definitivo.
Este peso estructural convierte cualquier decisión sobre el parque nuclear en un elemento crítico para el equilibrio del sistema. La alternativa, en ausencia de estas plantas, implicaría un mayor recurso a importaciones energéticas o tecnologías fósiles, con impacto directo en precios y seguridad de suministro.
Horizonte: Nuevos reactores y tecnología modular
Más allá de la operación de compra, el Ejecutivo belga ya trabaja en una segunda línea de actuación. El análisis de nuevos proyectos nucleares, con especial atención a tecnologías de menor escala y mayor flexibilidad operativa.
En este contexto, los reactores modulares pequeños, conocidos como SMR, empiezan a ganar protagonismo. Su diseño permite adaptarse mejor a sistemas eléctricos más descentralizados, además de reducir los tiempos de desarrollo frente a las plantas convencionales.
Las negociaciones con ENGIE se extenderán previsiblemente hasta el otoño. El resultado definirá no solo la propiedad de las centrales actuales, sino también el papel que la energía nuclear desempeñará en la estrategia energética belga durante las próximas décadas.
Un reposicionamiento con implicaciones europeas
Este movimiento de Bélgica refleja una tendencia más amplia en Europa, donde varios países revisan sus calendarios de cierre nuclear ante la necesidad de garantizar un suministro estable y contener la exposición a mercados internacionales.
La decisión belga introduce un elemento adicional en este debate. La estrategia no solo pretende alargar la vida útil de las centrales nucleares, sino supone avanzar hacia un modelo de mayor control público sobre infraestructuras críticas, en un momento en el que la seguridad energética ha pasado a ocupar el centro de la agenda política.
