Un nuevo foco en la factura de la luz
Las comercializadoras independientes han reabierto el debate sobre cómo se reparten los costes del sistema eléctrico entre energía y parte regulada de la factura.
La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) plantea que una parte de los servicios de ajuste del sistema se trate como coste de red y se financie mediante peajes eléctricos, en lugar de repercutirse de forma directa y muy volátil sobre comercializadoras y consumidores.
El objetivo no es elevar el volumen total de costes, sino hacerlos más previsibles, transparentes y homogéneos para todos los usuarios conectados a la red.
ACIE defiende que una reasignación bien diseñada puede reducir la exposición a conceptos difíciles de anticipar y mantener al mismo tiempo señales de precio coherentes con la operación segura del sistema.
La propuesta llega en plena revisión del marco regulatorio, mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) preparan nuevas circulares.
En este contexto, la ubicación de los servicios de ajuste dentro del recibo es una pieza clave del precio final de la luz y de la competitividad del suministro eléctrico.
La Orden TED/1318/2025 como punto de partida
El 19 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden TED/1318/2025, que fija las orientaciones de política energética dirigidas a la CNMC.
El texto define el marco en el que el regulador debe replantear cargos, peajes y otros elementos regulados del sistema eléctrico español.
En su apartado noveno, el MITECO pide a la CNMC que valore financiar con cargo a los peajes el coste de determinados servicios de ajuste, en particular las restricciones técnicas asociadas a la insuficiencia o a las limitaciones de las redes actuales.
Este mandato abre la puerta a reclasificar parte de estos costes de operación e integrarlos en la parte regulada vinculada al uso de la red, tras analizar su impacto sobre los peajes.
La orden insiste en que cualquier cambio debe evitar un incremento excesivo de la factura de los consumidores domésticos.
Ese aviso llega cuando, como recuerda el experto Joaquín Coronado, la propuesta reciente de peajes y cargos de la CNMC ya apunta a una subida relevante de la parte regulada del recibo, impulsada sobre todo por el componente RECORE que remunera renovables, cogeneración y residuos.
En este contexto, ACIE subraya que la reclasificación de los servicios de ajuste solo tiene sentido si no añade más presión al bloque de peajes y cargos.
La asociación defiende que integrar parte de estos ajustes como coste de red debe servir para repartir mejor los costes del sistema y dar más estabilidad a la factura, no para engordar de forma indiscriminada la parte regulada.
Servicios de ajuste al alza con la operación reforzada
El interés de ACIE se entiende al observar la evolución de estos conceptos.
En los últimos años, y de forma especialmente visible desde la implantación de la operación reforzada del sistema eléctrico, los servicios de ajuste han aumentado de forma muy significativa y han ganado peso frente a otros componentes de la factura.
Mientras el precio del mercado diario ha vivido fases de moderación, el importe ligado a restricciones técnicas, servicios de balance y otras herramientas de operación en tiempo real ha seguido una senda ascendente.
La factura final de la electricidad está cada vez más condicionada por estos costes adicionales, que se suman al precio de la energía negociada en el mercado mayorista.
Para las comercializadoras, este entorno supone una fuente importante de incertidumbre de costes.
Una parte creciente de su exposición procede de servicios difíciles de prever y de cubrir en mercados muy volátiles, lo que obliga a incorporar primas de riesgo más elevadas en las ofertas, sobre todo en contratos a precio fijo.
Esa prima de riesgo termina trasladándose al consumidor en forma de precios menos competitivos y mayor dispersión entre tarifas.
En un contexto de electrificación aún incipiente, esta volatilidad dificulta consolidar la confianza en el suministro eléctrico y en la estabilidad de la factura.
Tratar parte del ajuste como coste de red
Ante este escenario, ACIE propone que una fracción de los servicios de ajuste se considere coste regulado de red y se financie mediante peajes de acceso.
Según la asociación, un rediseño cuidadoso permitiría repartir mejor el riesgo, ganar transparencia y no aumentar la carga total, sino distribuirla de forma más homogénea y previsible entre todos los consumidores.
En la práctica, no todos los clientes soportan hoy estos costes de la misma manera.
Los usuarios con tarifas indexadas, como los acogidos al PVPC, asumen de forma directa el coste real de muchos servicios de ajuste y perciben su volatilidad mes a mes en la factura.
Quienes contratan precios fijos pagan estos conceptos de forma indirecta, a través de una tarifa en la que la comercializadora incorpora una prima de seguridad frente a escenarios extremos.
El diseño actual reparte el riesgo de manera desigual entre tipos de clientes y productos, lo que genera diferencias claras en la exposición a la volatilidad del sistema.
Según explica Julio César Nieto, presidente de ACIE, trasladar parte de estos costes a un mecanismo regulado y transparente podría reducir la prima de riesgo que aplican las comercializadoras.
Con un entorno de costes más predecible, los operadores pueden ofrecer contratos más competitivos y estables, reforzar la competencia entre comercializadores independientes y grandes grupos integrados y mejorar las opciones disponibles para el usuario final.
Impacto potencial en la transición energética
Si la CNMC concluye que parte de los servicios de ajuste debe financiarse a través de peajes, el cambio tendrá efectos concretos para consumidores y comercializadoras. Para los usuarios, podría suponer facturas algo más previsibles, con menor exposición a episodios puntuales de tensión en los mercados de ajuste y una distribución más uniforme de los costes de operación del sistema.
El impacto real dependerá del diseño detallado de los nuevos peajes y de su coordinación con cargos y precios de la energía.Una mala distribución podría desplazar costes entre segmentos sin mejorar la estabilidad del recibo ni la protección de los consumidores vulnerables, por lo que el trabajo técnico será decisivo.
Para las comercializadoras, un marco más estable y regulado para estos costes reduciría la incertidumbre y la necesidad de incorporar colchones de riesgo muy elevados.
La competencia podría centrarse más en servicios, gestión de la demanda y propuestas de valor, y menos en la capacidad de absorber episodios extremos en los mercados de ajuste.
Reclasificar parte de los servicios de ajuste como coste de red supondría, en definitiva, un cambio estructural en la arquitectura de costes del sistema eléctrico español.
Desde la óptica de ACIE, la medida puede aportar más estabilidad, transparencia y protección al consumidor doméstico, en un momento en el que la estructura de la factura eléctrica se ha convertido en una pieza central de la transición energética española.
