Repsol prepara una revisión de su plan estratégico que vuelve a colocar a Venezuela en una posición importante. Tras más de una década de inversión mínima, la compañía intenta reabrir una geografía clave justo cuando el marco político y comercial espera un gran cambio tras la intervención estadounidense.
Estados Unidos como ancla del upstream
En el upstream de Repsol, Estados Unidos y Venezuela figuran como primera y segunda geografía por relevancia. Esa combinación convierte a Washington en actor inevitable para Venezuela, porque licencias, flujos de crudo y garantías dependen, en gran medida, de la política estadounidense.
Repsol mantiene una relación operativa sólida con Estados Unidos y una presencia industrial en el país. En un escenario en el que Venezuela se decide también fuera de sus fronteras, esa implantación refuerza la interlocución y el encaje regulatorio.
El entorno Trump y la tutela sobre Venezuela
El sector describe el nuevo marco como entorno Trump. Se vincula con la ofensiva de Estados Unidos en Venezuela y con la detención de Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo, tras la que Washington se habría atribuido un papel de tutela sobre el país y su industria petrolera.
La viabilidad de producir y exportar se mide tanto por la ingeniería como por el permiso político. Repsol busca una adaptación pragmática para proteger activos y reactivar actividad si existen garantías.
De los créditos a PDVSA al embargo de 2025
En 2016, Repsol concedió líneas de crédito por más de 1.200 millones de euros a la empresa nacionalizada Petróleos de Venezuela (PDVSA) para paliar la falta de divisas y facilitar la repatriación de valor mediante pagos en especie, con crudo y derivados.
Después, PDVSA tuvo problemas para devolver la deuda y la falta de inversión deterioró la eficiencia del upstream, con infraestructura cada vez más envejecida.
El punto crítico llegó en marzo de 2025, cuando el embargo comercial de Estados Unidos bloqueó exportaciones limitadas de Repsol que servían para compensar parcialmente la deuda.
Reconstruir la industria, la prioridad de la intervención estadounidense
Trump aspira a que Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips lideren el aprovechamiento del crudo venezolano. Para relanzar una industria obsoleta, pidió 100.000 millones de dólares de inversión en infraestructura.
En ese esquema, Repsol ha manifestado su gran posicionamiento a nivel industrial y capacidad e intención de inversión en Venezuela. La gran relación con Estados Unidos juega a su favor facilitando sentarse en la mesa donde se define el marco de garantías como un agente relevante.
Imaz fija el compromiso y el objetivo de producción
Repsol dibuja un regreso a Venezuela condicionado por un marco operativo previsible. La compañía se muestra dispuesta a ampliar su apuesta si existen garantías jurídicas y una normalidad comercial que permita invertir y recuperar valor.
En esa línea, el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró: “estamos preparados para invertir más en Venezuela. Actualmente estamos produciendo 45.000 barriles diarios de crudo, y estamos listos para multiplicar esa cifra por tres en los próximos dos o tres años”.
Hay ambición de crecimiento en un horizonte corto y también una clara intención de alcanzar las expectativas, aunque su viabilidad depende de permisos, estabilidad y capacidad industrial para sostener el incremento productivo.
Deuda y reservas, con el gas como límite
La deuda de PDVSA con Repsol que llegó a situarse cerca de 2.000 millones de euros desde 2016 aún tiene un gran peso en la relación comercial. Tras provisiones, Repsol mantiene alrededor de 300 millones de euros de riesgo patrimonial en Venezuela.
En torno al 15% de las reservas globales de Repsol estaría en Venezuela, y aproximadamente el 90% sería gas. Sin salida logística, el gas sigue siendo reserva, pero no se traduce en ingresos.
Triplicar producción implicaría modernizar instalaciones y logística. En gas exige invertir en transporte y transformación, con costes elevados y ejecución compleja.
El debate sobre la propiedad del crudo
El trasfondo legal se remonta a la llegada de Hugo Chávez y a la toma de control de PDVSA, que desembocó en la huelga de 2002. Más tarde, varias compañías internacionales rechazaron reestructurar acuerdos para dar a PDVSA una participación mayoritaria como se exigía en el momento.
La respuesta derivó en la confiscación de activos de ExxonMobil y ConocoPhillips entre otras compañías y, pese a que ambas compañías ganaron arbitrajes internacionales con indemnizaciones millonarias, estas no llegaron a materializarse.
Trump ha calificado ese episodio como “robo”, aunque el debate se centra en expropiaciones sin compensación adecuada. El petróleo se considera venezolano y las compañías operaban mediante concesiones. Compañías como Chevron o Repsol continuaron operando bajo las nuevas condiciones.
Blindaje de ingresos
Trump decretó una “emergencia nacional” para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por ventas de petróleo de Venezuela y bloquear embargos. La medida busca evitar que acreedores de la deuda externa capturen esos fondos.
Tras la expropiación petrolera se citan cerca de 60 arbitrajes desde 2000 por un valor estimado total de 30.000 millones de dólares. El blindaje pretende ofrecer una garantía adicional a quienes financien la reconstrucción de la industria.
Repsol vuelve a mirar a Venezuela por deuda pendiente y por peso de reservas. La ventana política puede abrir un camino para reactivar la producción y ordenar las cuentas.
