El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 997/2025, una norma que introduce un paquete de medidas destinadas a reforzar la resiliencia, robustez y estabilidad del sistema eléctrico español. La iniciativa, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), actualiza el marco regulatorio para adaptar la red eléctrica a las exigencias de la transición energética, fomentar el almacenamiento y acelerar la electrificación de la economía.
Supervisión y control del sistema eléctrico
El Real Decreto refuerza los mecanismos de supervisión y control sobre las obligaciones de los agentes del sector eléctrico, especialmente en lo relativo al control de tensión. La CNMC asumirá un papel más activo mediante la publicación de informes trimestrales y la elaboración de un plan de inspección extraordinario, que se repetirá cada tres años. Este dispositivo busca garantizar el cumplimiento del Procedimiento de Operación 7.4 (P.O. 7.4), que exige a las instalaciones de generación renovable responder a consignas de tensión y frecuencia del operador del sistema.
Por su parte, Red Eléctrica deberá presentar propuestas técnicas para mejorar la respuesta del sistema ante oscilaciones de potencia y tensiones, optimizar la programación de restricciones técnicas y establecer procedimientos de coordinación entre la red de transporte y la de distribución. Estas propuestas deberán completarse en un plazo de entre tres y seis meses, tras lo cual las reformas normativas resultantes serán analizadas y aprobadas en menos de seis meses.
Impulso al almacenamiento energético
Uno de los pilares de la norma es el fomento del almacenamiento energético, considerado esencial para garantizar la estabilidad de la red en un sistema cada vez más dominado por energías renovables. El decreto establece las condiciones para que España alcance una capacidad de almacenamiento de 22,5 GW en 2030, en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.
Se prioriza la hibridación de instalaciones de almacenamiento con plantas de generación existentes, siempre que se ubiquen en terrenos ya ocupados, con el fin de agilizar los permisos administrativos y aprovechar infraestructuras existentes. Esta medida busca facilitar el despliegue de baterías y tecnologías de almacenamiento en el corto y medio plazo, impulsando la flexibilidad del sistema eléctrico.
Electrificación de la economía y gestión de la demanda
El Real Decreto introduce medidas específicas para acelerar la electrificación de la economía, especialmente en el ámbito industrial. Los derechos de acceso y conexión para nuevos consumidores eléctricos tendrán una caducidad de cinco años, evitando el acaparamiento y la especulación sobre los puntos de conexión. Además, las solicitudes deberán incluir el código CNAE de la actividad prevista, que deberá mantenerse en el contrato final.
También se establecen plazos máximos para las distribuidoras en la ejecución de nuevas conexiones. En suelo urbano con servicios disponibles, las empresas deberán responder en un máximo de cinco días si no es necesario ampliar la red, treinta días si se requiere una extensión, sesenta días si hay que construir un centro de transformación, y ochenta días en caso de varios centros. Estas medidas buscan acelerar la expansión de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos y otras nuevas demandas energéticas.
Repotenciación y modernización de instalaciones
El decreto introduce la definición oficial del concepto de repotenciación, entendido como la sustitución de equipos antiguos por tecnología más eficiente. Con ello se persigue aumentar la producción energética y prolongar la vida útil de las plantas renovables. Además, se encargará la elaboración de una Hoja de Ruta nacional en un plazo máximo de nueve meses, que incluirá objetivos estratégicos y medidas técnicas, regulatorias y financieras para dinamizar la modernización del parque energético.
Innovación y plataformas de ensayo
El Real Decreto regula también el funcionamiento de las plataformas de I+D+i destinadas a la prueba de prototipos de equipos de generación o almacenamiento. Se simplifican los procedimientos administrativos, de modo que baste una única autorización para desconectar y conectar distintos prototipos. Con ello se pretende fomentar la innovación tecnológica y acelerar la validación de nuevas soluciones energéticas.
La aprobación de este Real Decreto responde a la necesidad de reforzar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico tras el apagón registrado en abril de 2025, que evidenció deficiencias en la respuesta del sistema ante oscilaciones de tensión. Asimismo, las autoridades habían detectado bajo cumplimiento del P.O 7.4 por parte de muchas instalaciones renovables, lo que motivó la introducción de medidas adicionales de supervisión y control.
El decreto también busca impulsar el cumplimiento de los compromisos europeos en materia de transición energética y descarbonización, mejorar la coordinación entre operadores y reforzar el papel de la CNMC como garante del correcto funcionamiento del sistema eléctrico. En conjunto, la norma pretende ser un paso decisivo hacia una red más segura, flexible y preparada para integrar de forma masiva las energías renovables.
El Real Decreto 997/2025 constituye un marco normativo integral que refuerza la arquitectura del sistema eléctrico español. A través del impulso al almacenamiento que ya ha comenzado con la asignación de los fondos FEDER, la electrificación y la innovación. En repotenciación, el Gobierno central cierra la polémica abierta con la Xunta. Impone un marco homogéneo que acelera permisos y da seguridad jurídica a proyectos que escalan potencia, con impacto directo en calendarios, acceso a red y evaluación ambiental. La medida puede tensionar la planificación territorial gallega, pero ofrece una vía rápida para modernizar parques y aumentar producción con la misma huella. La norma consolida los pilares de la transición energética y garantiza la estabilidad de la red ante un contexto de profunda transformación tecnológica.
