El Real Decreto-ley 7/2026, busca ser aprobado el 26/03/2026 en pleno repunte de la tensión energética por la crisis en Oriente Medio, no se limita a rebajar impuestos. También reordena incentivos, amplía deducciones y coloca al ahorro energético certificado en una posición mucho más central dentro de la política económica y energética española.
La norma, publicada en el BOE del 21 de marzo de 2026 y en vigor con carácter general desde el 22 de marzo. Su línea de actuación tiene un enfoque cortoplacista junto a otro de mayor alcance estructural: Contener el golpe sobre hogares, empresas y sectores especialmente expuestos al coste de la energía. Acelerar la electrificación, sostener la competitividad industrial y dar más recorrido a instrumentos como los Certificados de Ahorro Energético (CAE).
En otras palabras, el decreto intenta apagar el incendio de corto plazo y aprovecha para introducir modificaciones que estaban en el tintero del Gobierno.
Un paquete fiscal para enfriar la factura energética
La parte más visible del RDL 7/2026 está en la fiscalidad. El Gobierno recurre de nuevo a una fórmula ya conocida en otras crisis energéticas. Reducir temporalmente la carga impositiva sobre la energía para amortiguar el encarecimiento de suministros y carburantes.
Rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta junio
La norma reduce, hasta el 30 de junio de 2026, los tipos de la tarifa 1.ª del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicables a algunos de los productos con mayor uso en la economía. Entre ellos figuran el gasóleo, las gasolinas sin plomo, el fuelóleo, el GLP, el gas natural y el queroseno utilizado como combustible.
El ajuste se lleva, en varios casos, hasta el mínimo que permite la Directiva 2003/96/CE. Marca el límite europeo y deja claro que el margen fiscal español está condicionado por Bruselas incluso en un contexto de crisis.
Eso sí, la rebaja no queda blindada hasta el final del trimestre. El texto introduce una cláusula de revisión. Si en abril el IPC de carburantes no supera en más de un 15 % el del mismo mes del año anterior, según los datos que publique el INE en mayo, la reducción dejará de aplicarse en junio.
La electricidad vuelve al tipo superreducido del 0,5 %
El decreto también rebaja de forma extraordinaria el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que pasa del 5,1 % al 0,5 % hasta el 30 de junio de 2026.
La medida incluye cuantías mínimas. Serán de 0,5 €/MWh cuando la electricidad se use en usos industriales, en embarcaciones atracadas en puerto que no sean de recreo privado, o en el transporte ferroviario. Para el resto de usos, el mínimo será de 1 €/MWh.
De nuevo aparece la condición ligada al IPC. Si la variación de la electricidad en abril no rebasa en más de un 15 % la del mismo mes del año anterior, la rebaja también decaerá en junio.
IVA del 10 % para electricidad, gas y carburantes
El Ejecutivo recupera además el IVA reducido del 10 % para varios suministros y productos energéticos. La medida se aplicará igualmente hasta el 30 de junio de 2026.
En el caso de la electricidad, el tipo reducido afectará a los consumidores con potencia contratada inferior a 10 kW, así como a beneficiarios del bono social con la condición de vulnerable severo o vulnerable severo en riesgo de exclusión social.
El recorte del IVA se extiende también al gas natural, a las briquetas y pellets procedentes de biomasa y a la madera para leña. A eso se suman gasolinas, gasóleos y biocarburantes encuadrados en distintos epígrafes de la tarifa 1.ª del artículo 50.1 de la Ley de Impuestos Especiales.
La condición de aplicación se repite. Si los IPC sectoriales de abril no mantienen la presión suficiente, la medida dejará de aplicar en junio.
El IVPEE se corrige para aliviar a la generación eléctrica
La norma también toca uno de los tributos más sensibles para el sector eléctrico. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, IVPEE. Esta propuesta comienza a sentar las bases para la suspensión de este impuesto, actualmente al 7%, y que fue eliminado en Portugal el pasado mes de enero.
Para el ejercicio 2026, la base imponible se reducirá mediante dos ajustes. Por un lado, se minora en un 10 % la retribución correspondiente al primer trimestre natural. Por otro, se elimina por completo de la base la retribución asociada al segundo trimestre.
No se trata de una supresión formal del impuesto, pero sí de una corrección de calado en su impacto efectivo durante buena parte del año. El decreto, además, adapta los pagos fraccionados a este nuevo esquema.
La norma añade dos piezas más: La CNMC deberá practicar la liquidación necesaria para ajustar la retribución del régimen retributivo específico, detrayendo las cantidades que las instalaciones dejen de abonar por esa reducción de base. Y, al mismo tiempo, se activa un mecanismo de compensación al sector eléctrico por la modificación del impuesto durante 2026.
El bloque fiscal no se queda en la urgencia
Aunque las rebajas de impuestos copan la atención inicial, el decreto va más allá del alivio coyuntural. También prolonga y crea incentivos que apuntan a inversión, rehabilitación y electrificación.
IRPF. más deducciones para eficiencia, autoconsumo y vehículo eléctrico
En el IRPF, el Gobierno extiende hasta 2026 la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, con efectos desde el 1 de enero de 2025.
También prorroga la deducción por adquisición de vehículos eléctricos enchufables y por instalación de puntos de recarga, con efectos desde el 1 de enero de 2026.
El RDL crea una nueva deducción por instalación de sistemas de autoconsumo renovable, incorporada a través de una nueva disposición adicional en la Ley del IRPF.
La deducción será del 10 % de las cantidades satisfechas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 por instalaciones destinadas al autoconsumo eléctrico con fuentes renovables, con posibilidad de incluir almacenamiento. En edificios de uso predominantemente residencial, cuando la actuación afecte al conjunto del inmueble, la deducción podrá llegar al 20 %.
La deducción se practicará en el ejercicio en el que finalice la instalación, siempre que eso ocurra dentro de 2026.
Impuesto sobre Sociedades. más margen para amortizar inversión verde
En el Impuesto sobre Sociedades, la norma extiende hasta 2026 la libertad de amortización de instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes renovables.
También amplía hasta ese año la libertad de amortización para determinados vehículos electrificados y para nuevas infraestructuras de recarga.
Es un detalle relevante porque ambas medidas ya habían aparecido en reales decretos-ley anteriores que no llegaron a ser convalidados. Ahora el Ejecutivo las rescata y las incorpora al marco vigente.
El sistema CAE gana rango dentro del nuevo marco energético
Si el bloque fiscal busca aliviar y estimular, el apartado energético del decreto intenta ordenar el siguiente paso. Ahí es donde el sistema de Certificados de Ahorro Energético deja de aparecer como una herramienta periférica y gana protagonismo.
El ahorro energético certificado deja de ser solo un mecanismo de cumplimiento y se convierte en una pieza más visible de la política industrial y energética.
De mecanismo complementario a herramienta con ambición de mercado
El decreto dibuja un entorno más favorable para que actuaciones de eficiencia y electrificación puedan estructurarse, financiarse y monetizarse a través de CAE.
Eso afecta a proyectos de bombas de calor, electrificación de procesos, rehabilitación energética, autoconsumo colectivo, integración con almacenamiento y actuaciones en sector público, terciario e industrial.
El propio texto de análisis sectorial apunta a un cambio de escala. Más expedientes, más operaciones, más necesidad de digitalización, gobernanza y profesionalización. Dicho de otro modo, el CAE ya no parece pensado solo para cumplir objetivos. Empieza a encajar como mercado en formación.
Consumidores electrointensivos. Competitividad con rebaja de peajes
El RDL incorpora medidas específicas para consumidores electrointensivos, uno de los colectivos más sensibles cuando la electricidad deja de ser un coste y pasa a convertirse en un problema de supervivencia industrial.
Entre las medidas incluidas figuran reducciones de peajes de hasta el 80 % para consumidores certificados, la facturación separada y retroactiva y el refuerzo de contratos a largo plazo como mecanismo de cobertura frente a la volatilidad.
Menos plazos y más prioridad para proyectos estratégicos
El decreto también se adentra en un terreno especialmente sensible para el sector energético. El acceso a red y la velocidad administrativa.
Entre las medidas incluidas figuran la prioridad en acceso y conexión, la reducción de plazos administrativos de hasta el 50 % y un esquema de acompañamiento institucional integral para determinados proyectos.
Eso beneficia especialmente a iniciativas vinculadas a electrificación, autoconsumo y almacenamiento, muchas de ellas compatibles con la generación de CAE. No resuelve por sí solo los cuellos de botella de red. Pero sí lanza una señal política clara. El Gobierno quiere que ciertos proyectos lleguen antes.
Seguridad energética. almacenamiento de gas y cobertura pública
El texto incorpora también medidas ligadas a la seguridad de suministro. Entre ellas, el almacenamiento de gas a coste cero durante 2026 y 2027 y coberturas estatales frente a riesgos de impago.
El Ejecutivo intenta reducir riesgo sistémico mientras empuja inversiones en electrificación y eficiencia. Una combinación algo menos épica que los grandes anuncios, pero bastante más útil para que el sistema no tropiece por el camino.
Un decreto de choque que también quiere dejar estructura
El RDL 7/2026 se presenta como respuesta a una coyuntura de crisis energética, pero su alcance va más allá del alivio inmediato.
Por un lado, activa rebajas fiscales temporales sobre carburantes, electricidad, gas y producción eléctrica. Por otro, amplía deducciones, refuerza la amortización de inversiones verdes, da margen a la fiscalidad local y recoloca instrumentos como los CAE y el FIDI dentro de una estrategia más amplia de electrificación y descarbonización.
El resultado tiene una parte de urgencia y otra de arquitectura sectorial. La primera intenta contener la factura. La segunda busca orientar inversión y acelerar cambios tecnológicos que ya estaban sobre la mesa, pero que ahora pasan a tener más apoyo normativo y fiscal.
En un momento de volatilidad energética, el Gobierno opta por una fórmula conocida. Amortiguar el impacto sin frenar la transición. La novedad es que, esta vez, el ahorro energético certificado y la electrificación no quedan en segundo plano. Entran en el centro del tablero.
