El pasado viernes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó una resolución que, en apariencia, parecía un trámite técnico más. El texto fija especificaciones de detalle para calcular la capacidad de acceso de la demanda a la red de transporte. En el sector se conoce como el mapa de capacidad.
El documento en cuestión, el RDC/DE/008/25 toca el punto más sensible del sistema eléctrico hoy, la saturación de las redes y el reparto de responsabilidades por la falta de “enchufes” disponibles para nueva demanda, especialmente para centros de datos donde se ha concentrado un gran volumen de inversión recientemente. En términos sencillos, se discute quién invierte, quién asume el coste del atasco y quién carga con el desgaste regulatorio y judicial.
Una resolución técnica que actúa como detonante
La RDC/DE/008/25 concentra en pocas páginas un conflicto que llevaba meses acumulando tensión, con un antes y un después tras el apagón del 28 de abril de 2025. La disputa ya no vive solo en los parámetros de ingeniería. Ahora mezcla regulación, política industrial, planificación de redes y expectativas de inversión privada.
A la vez, los relatos compiten y se solapan. Red Eléctrica apunta a las grandes distribuidoras. Las eléctricas cuestionan el marco retributivo del regulador. El Gobierno empuja para acelerar decisiones, pero intenta evitar un nuevo ciclo de permisos con componente especulativo.
Prórroga a Red Eléctrica y choque con las distribuidoras
La resolución concede a Red Eléctrica (REE), gestor de la red de alta tensión bajo el grupo Redeia, más margen para concretar qué nudos pueden admitir nueva demanda en la red de transporte. Ese trabajo no consiste en un simple listado. Exige coordinar el encaje entre transporte y distribución, en manos de compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP.
Del 2 de febrero al 4 de mayo
El calendario se mueve tres meses. La fecha objetivo pasa del 2 de febrero al 4 de mayo, tras una petición de la propia REE. El operador atribuye el bloqueo a la dificultad para cerrar acuerdos con las distribuidoras sobre cómo cartografiar, con criterios homogéneos, la capacidad disponible.
542 nudos, 141 acuerdos y un caso que baja al 11%
Según lo trasladado por REE y recogido en la resolución, el análisis se centra en 542 nudos donde conectan la red de transporte y las redes de distribución. Tras más de un año de conversaciones, REE sostiene que solo logró consenso en 141 nudos, el 26%.
El texto incorpora, además, un dato especialmente tenso: en al menos una compañía, que no se identifica, el acuerdo habría quedado en el 11% de los nudos. Ese porcentaje sugiere un desacuerdo de fondo, no un mero retraso procedimental.
Fractura interna en la CNMC y fricción con el Ministerio
La publicación de la resolución llega acompañada de señales de tensión institucional. Fuentes del entorno regulatorio apuntan a un desacuerdo dentro del consejo de la CNMC y a diferencias con el Ministerio para la Transición Energética, dirigido por Sara Aagesen.
En ese marco, el Gobierno habría presionado para acelerar el procedimiento. Una parte del consejo, en cambio, defendió abrir un trámite previo de audiencia, aunque breve, hasta el viernes siguiente a la publicación. La presidencia del organismo, con Cani Fernández al frente, queda así en el centro de un tablero donde cada paso se interpreta en clave de alineamientos.
Este choque no aparece de la nada. El sector ya vivió un pulso similar con los peajes de redes, es decir, la retribución asociada al uso de las infraestructuras eléctricas.
El cuello de botella: nudos sin capacidad y dudas de robustez
El mapa de capacidad no solo discute “cuántos puntos libres” existen. También entra en la calidad técnica de la conexión, REE plantea ante la CNMC que, con los criterios que se intentan fijar, cerca del 90% de los nudos de la red de transporte podrían figurar con capacidad de acceso nula.
A ese diagnóstico se suma otra advertencia. REE señala que 9.000 MW con permisos ya otorgados, entre ellos grandes consumos como los centros de datos, podrían no mostrar suficiente robustez frente a huecos de tensión, es decir, oscilaciones bruscas que ponen a prueba la estabilidad del sistema.
En la práctica, el debate va más allá del espacio disponible. También afecta a cómo se conecta nueva demanda sin elevar el riesgo operativo en una red ya exigida.
El factor económico: retribución de redes e inversiones en disputa
Bajo la capa técnica, el conflicto gira alrededor del dinero y de cómo se reparten incentivos. España afronta una reconfiguración de la red eléctrica comparable, por escala, a la transformación del sector en los años ochenta. Las cifras ayudan a entender por qué el tono se ha endurecido.
Peajes 2026 a 2031: 6,58% frente a 7% a 8%
Las grandes eléctricas han criticado que la CNMC fijara para el periodo 2026-2031 una retribución del 6,58%, por debajo del 7% al 8% que reclamaban. En esa diferencia, el sector sitúa unos 15.000 millones de retribución total.
Las compañías sostienen que una rentabilidad menor enfría la inversión. Bajo ese argumento, la falta de refuerzos agrava la congestión, retrasa ampliaciones y acaba frenando proyectos que dependen de un punto de acceso, incluidos los vinculados a nueva demanda intensiva.
Los data centers elevan la apuesta hasta 80.000 millones
La industria de los centros de datos ha entrado con fuerza en la discusión. Algunos promotores han advertido de cancelaciones o traslados si la red no ofrece acceso en plazos razonables. También han puesto cifras sobre la mesa, con un rango de 70.000 a 80.000 millones de inversión potencial asociada a sus planes.
El Gobierno mira ese frente con cautela. Parte del sector teme que una fracción de la cartera responda a estrategias especulativas con permisos de acceso, un fenómeno ya observado en la expansión renovable. En septiembre, el Ejecutivo anunció un plan de 13.600 millones de inversión para REE, aún por concretar, y trató sin éxito de que la CNMC aceptara un marco retributivo algo más alto.
El apagón de abril de 2025 y la sombra de una batalla judicial
La congestión de redes se ha convertido en el gran asunto del sistema eléctrico español, con una tensión creciente desde el corte masivo del 28 de abril de 2025. Aquel episodio expuso deficiencias de la red, pero la atribución de responsabilidades sigue abierta.
Por ahora, los informes oficiales citados en el sector, incluidos los del ministerio competente y el organismo europeo ENTSO-E, no han cerrado una conclusión definitiva. Esa falta de cierre alimenta la hipótesis de un litigio de gran escala. El volumen de dinero en juego apunta a reclamaciones millonarias y a un papel relevante de aseguradoras.
A esto se suma un reloj regulatorio. La normativa concede un año para reclamar daños y perjuicios tras un corte eléctrico. Con el horizonte del 28 de abril acercándose, el sector se mueve con nerviosismo, consciente de que una oleada de reclamaciones puede intensificar el choque entre grandes eléctricas y el grupo Redeia.
Próximo hito: el informe de la CNMC sobre el apagón
La prórroga concedida a REE para completar el mapa de capacidad añade presión, pero no es el documento más esperado por el mercado. El sector sigue pendiente del informe de la CNMC sobre el apagón, que podría publicarse más adelante, incluso hacia marzo, si el organismo decide esperar un segundo análisis europeo más concluyente.
Ese informe puede reordenar el tablero. Puede acotar fallos sistémicos, repartir responsabilidades y condicionar tanto la discusión regulatoria como el frente judicial.
En resumen
La disputa sobre la capacidad de acceso ya funciona como una prueba de estrés para el modelo eléctrico español. La RDC/DE/008/25 abre una prórroga administrativa, pero también deja al descubierto el núcleo del problema, una red tensionada, incentivos cuestionados y una carrera por conectar nueva demanda sin comprometer la estabilidad.
Con el plazo de reclamaciones del apagón acercándose y un informe regulatorio decisivo en el horizonte, cada decisión técnica arrastra consecuencias políticas, económicas y jurídicas. Por eso el mapa de capacidad deja de ser un documento para especialistas y pasa a ocupar un lugar central en la política energética del país.
