La crisis geopolítica en Oriente Próximo ha devuelto una vieja discusión al centro del tablero energético español. El repunte del petróleo, la escalada del gas y la consiguiente tensión en los mercados eléctricos han ofrecido a las grandes utilities una ventana perfecta para reactivar su ofensiva a favor de la continuidad nuclear. Iberdrola, Endesa y Naturgy han vuelto a colocar sobre la mesa la idea de que el calendario de clausura pactado ya no encaja del todo con el nuevo contexto internacional.
Lo que está en juego no es solo el futuro de Almaraz, sino la coherencia entre seguridad de suministro, competitividad industrial, exposición a materias primas importadas y hoja de ruta de descarbonización. El debate nuclear ha dejado de ser una discusión de largo plazo para convertirse en un asunto regulatorio, económico y estratégico de plena actualidad.
El repunte del gas y la electricidad reabre una discusión que parecía ordenada
Durante los últimos días, las principales eléctricas españolas han intensificado su defensa de la energía nuclear como tecnología de respaldo en un sistema sometido a una creciente volatilidad externa. La tesis empresarial se apoya en un razonamiento conocido, pero ahora reforzado por los acontecimientos. Cuando el precio de los hidrocarburos se desordena por factores geopolíticos, la dependencia exterior deja de ser una hipótesis y se convierte en un coste tangible para el sistema y para la economía.
Ese razonamiento conecta con una preocupación cada vez más visible en Europa. La autonomía estratégica energética, es decir, cuánta capacidad tiene un país para amortiguar una crisis exterior sin trasladarla de forma automática a su estructura de costes.
Desde esa óptica, las compañías están reivindicando el parque nuclear como una fuente de generación estable, gestionable y no vinculada al precio del gas. No plantean el debate en términos ideológicos, sino en clave de resiliencia del mix, firmeza del sistema y protección frente a shocks internacionales.
Endesa insiste en que el contexto de 2026 ya no es el de 2019
Endesa ha sido una de las empresas más claras en esta nueva fase del debate. La compañía ha vuelto a cuestionar el calendario de cierre nuclear y sostiene que las condiciones que justificaron el acuerdo alcanzado hace años han cambiado de forma sustancial.
Argumenta, por un lado, la actual tensión de precios asociada al conflicto en Oriente Medio. Por otro, el retraso acumulado en el despliegue de tecnologías llamadas a acompañar la transición, especialmente la eólica y el almacenamiento, cuya evolución no estaría avanzando al ritmo exigido por los objetivos de 2030.
La empresa recuerda además el precedente de 2022, cuando el gas alteró por completo la estructura de precios de la electricidad en Europa. Aquella crisis sirve ahora como referencia para subrayar que una dependencia excesiva de tecnologías o combustibles expuestos a gran volatilidad puede tener efectos sistémicos, tanto sobre consumidores como sobre tejido productivo.
Iberdrola refuerza la misma tesis y añade la condición económica
Iberdrola se ha alineado con ese mismo enfoque. La compañía considera que el debate sobre la utilidad de la nuclear ya no puede abordarse como una anomalía ni como una reliquia del pasado, sino como una cuestión operativa dentro de la discusión europea sobre seguridad energética y soberanía industrial.
Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, ha defendido públicamente que no parece razonable descartar esta tecnología sin incorporar al análisis la situación internacional, la evolución del sistema y la opinión de los actores técnicos y políticos que abogan por revisar decisiones previas.
Ahora bien, Iberdrola vuelve a introducir un elemento: la continuidad de las centrales debe ser económicamente viable. La empresa asocia cualquier prolongación de vida útil a un entorno que no penalice fiscal o regulatoriamente su operación. Dicho de forma menos ceremoniosa. Nadie quiere hacer de guardián de la seguridad energética si la cuenta de resultados sale escaldada.
Almaraz concentra el primer pulso regulatorio
La pieza más inmediata de este tablero es Almaraz, central cuya clausura está prevista actualmente para 2027 conforme al acuerdo firmado entre Enresa y sus propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy. Sin embargo, ese horizonte ha quedado en suspenso tras la solicitud cursada por las empresas en otoño de 2025 para extender durante tres años más el permiso de explotación.
La decisión no depende solo de voluntad política. Antes debe pronunciarse el Consejo de Seguridad Nuclear, cuyo dictamen se espera este verano. Después será el Ministerio para la Transición Ecológica quien determine si autoriza o no la prolongación.
Por eso, el caso Almaraz tiene una relevancia que trasciende a la propia instalación. La resolución marcará un precedente sobre cómo piensa gestionar España la tensión entre el calendario pactado y la nueva realidad energética internacional. Una prórroga abriría una puerta. Una negativa la cerraría, al menos de momento, con bastante estruendo.
El Gobierno mantiene su defensa de las renovables
Frente a la presión de las utilities, el Ejecutivo conserva una posición más prudente y sigue defendiendo que la respuesta estructural a la vulnerabilidad energética pasa por reforzar el despliegue renovable, no por rediseñar de forma profunda el programa de cierre nuclear.
La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha insistido en que las energías renovables representan la opción más competitiva y segura para reducir la dependencia de combustibles fósiles importados. La tesis del Gobierno se apoya en una visión de largo plazo. Menor exposición al gas, mayor electrificación y más soberanía energética apoyada en recursos autóctonos.
Ese planteamiento, sin embargo, choca con la lectura de las eléctricas, que ponen el acento en la realidad del sistema tal como existe hoy y no solo en el sistema proyectado para dentro de diez años. Ahí está el nudo del desacuerdo. El Gobierno prioriza la dirección de la transición. Las empresas enfatizan la velocidad y las condiciones materiales en las que esa transición se está ejecutando.
La ofensiva empresarial va más allá de una simple prórroga
Reducir el debate a Almaraz sería quedarse corto. El movimiento de Iberdrola y Endesa apunta a algo más amplio. Las dos compañías quieren reabrir la discusión sobre el calendario completo de cierre nuclear previsto en el PNIEC, que contempla una retirada escalonada de los reactores entre 2027 y 2035.
En la presentación de resultados de 2025, ambas defendieron explícitamente la continuidad del parque más allá de las fechas ya acordadas. Endesa, por boca de José Bogas, llegó a plantear una extensión de diez años, calificándola de medida pragmática y coherente con la situación energética actual.
Iberdrola, por su parte, ha dejado entrever que no solo Almaraz podría solicitar una ampliación. Ignacio Sánchez Galán ya adelantó a finales de febrero que otras centrales podrían pedir también una revisión de su horizonte operativo, recordando además que este tipo de activos pueden seguir funcionando durante periodos muy superiores a los que resultarían del plan pactado en 2019.
Precio eléctrico, CO2 y firmeza del sistema. Las tres patas del argumentario
Las utilities sostienen su discurso con estudios económicos elaborados por consultoras como Deloitte. Según esas estimaciones, ampliar la vida útil del parque nuclear reduciría el precio de la electricidad en 15 euros por MWh frente al escenario de cierre previsto.
A ese dato suman otro de enorme valor político y comunicativo. La continuidad nuclear permitiría evitar 14 millones de toneladas de CO2 anuales en 2035. La combinación de ambas variables, contención del precio y reducción de emisiones, fortalece notablemente su posición en el debate público.
En el fondo, la industria está construyendo un relato técnico bastante sólido desde su propia lógica. La nuclear se presenta como un activo de firmeza, bajo carbono y capacidad estabilizadora en un sistema donde el despliegue renovable necesita respaldo, flexibilidad y más almacenamiento. El debate real es si el sistema puede permitirse cerrarla en las fechas previstas sin asumir costes adicionales o tensiones operativas.
Naturgy respalda la extensión mientras mira de reojo al gas ruso
Naturgy también se ha expresado favorablemente a una prórroga de Almaraz, aunque su discurso incorpora una capa adicional. La compañía defiende que no basta con revisar una planta concreta, sino que convendría reconsiderar el conjunto del PNIEC a la luz de la evolución de las distintas tecnologías y del escenario geopolítico.
La empresa tiene, además, otro problema encima de la mesa. La prohibición de importar gas ruso a partir del 1 de enero de 2027, acordada por la Comisión Europea, afecta directamente a su cartera de aprovisionamiento, ya que el 17 % de su suministro procede de Rusia.
Ese elemento no forma parte directa del debate nuclear, pero sí del mismo paisaje estratégico. Si Bruselas mantiene o endurece esa restricción, Naturgy tendría que recolocar volúmenes contratados a largo plazo en otros mercados. Y si la prohibición se vuelve total y sin margen comercial, podría verse obligada a alegar fuerza mayor y romper contratos, con el consiguiente riesgo de litigios internacionales.
Las sanciones, Rusia y la factura europea
La reciente subida del gas ha vuelto a tensionar una pregunta que Europa no termina de resolver. ¿Hasta qué punto puede sostener su estrategia geopolítica sin alimentar una nueva ola de precios altos?. La discusión sobre las sanciones a Rusia vuelve así a colarse en el trasfondo de la política energética continental.
Estados Unidos ya ha autorizado compras temporales de hidrocarburos rusos para contener el encarecimiento. Hungría ha pedido a Bruselas que estudie un movimiento equivalente. Mientras tanto, el último paquete de sanciones expira en junio y la Unión Europea deberá decidir si mantiene, modifica o endurece su posición.
Para compañías como Naturgy, y para el conjunto del sistema europeo, esa decisión tendrá un impacto directo. La energía sigue funcionando como frontera difusa entre estrategia, comercio y seguridad, un territorio donde las declaraciones solemnes suelen durar menos que una subida del TTF.
Lo que realmente está en juego
La nueva ofensiva de Iberdrola, Endesa y Naturgy no busca solo salvar una central ni ganar tiempo administrativo. La redefinición del equilibrio entre seguridad de suministro, competitividad, descarbonización y dependencia exterior dentro del mix español.
El Gobierno sostiene que ese equilibrio debe resolverse acelerando las energías renovables. Las compañías responden que, mientras ese modelo madura y se completa con almacenamiento suficiente, cerrar capacidad nuclear puede elevar riesgos técnicos y económicos.
De ahí que el expediente de Almaraz tenga tanta carga simbólica. No decidirá únicamente sobre tres años más de operación, sino sobre el margen político y regulatorio que tendrá España para revisar una hoja de ruta diseñada en un contexto energético que hoy ya parece bastante lejano.
Conclusión. El calendario nuclear entra en zona de revisión política real
La tensión en Oriente Próximo ha actuado como catalizador. El malestar empresarial con el calendario nuclear ya existía, pero el nuevo episodio de volatilidad energética le ha dado un argumento más potente, más visible y también más oportuno.
Iberdrola, Endesa y Naturgy han encontrado en esta coyuntura una forma de reabrir el debate con una mezcla de seguridad de suministro, precio eléctrico, autonomía estratégica y bajas emisiones. El Gobierno, por su parte, mantiene su defensa del vector renovable y espera el criterio técnico del CSN antes de mover ficha.
Este debate ha entrado de lleno en la agenda regulatoria y en la discusión sobre qué mix puede sostener España sin fragilidad externa ni sobresaltos de coste. Y ahí, como siempre en energía, las fechas importan. Pero las circunstancias importan todavía más.
