Un “error” de cálculo ha colocado al Ministerio para la Transición Ecológica en el centro de una nueva polémica regulatoria que perjudica de nuevo a la cogeneración. Distintas fuentes del sector sostienen que la propuesta para actualizar la retribución de las instalaciones con rentabilidad regulada incorporaría un cálculo incorrecto. El efecto, según las alegaciones presentadas ante la CNMC, sería un incremento de casi 1.000 millones de euros en la retribución de las renovables y un impacto adverso sobre cogeneración y residuos.
La discusión se apoya en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del marco que ordenará el periodo regulatorio 2026-2028 para el perímetro RECORE. El documento eleva la retribución anual conjunta de renovables, cogeneración y residuos hasta 5.908 millones de euros. Esa cifra contrasta con los 4.309 millones contabilizados en 2024, con una previsión similar para 2025.
La MAIN y el salto de retribución. Qué cambia en el periodo 2026-2028
El incremento, de alrededor de 1.600 millones al año frente a 2024, se sustenta en gran medida en un componente técnico. Se trata del valor de ajuste por desviaciones del precio del mercado, que busca corregir la diferencia entre los ingresos reales y las hipótesis de precio usadas cuando se fijó la retribución regulada.
En este esquema, la norma exige comparar precios de forma homogénea. El objetivo es evitar distorsiones entre tecnologías con perfiles horarios distintos, y alinear el cálculo con el comportamiento real del mercado en cada caso. Para ello, se introducen límites superiores e inferiores del precio medio anual que deben ir ajustados al perfil horario de cada tecnología, los llamados valores “apuntados”.
El ajuste por precio del mercado. Dónde estaría el fallo que denuncia el sector
Según las alegaciones, el problema no estaría en el concepto del ajuste sino en su aplicación práctica para 2023, 2024 y 2025. Las empresas sostienen que la propuesta “apunta” el precio medio anual por tecnología, pero no ajusta correctamente los límites superior e inferior de ese mismo precio.
Ese detalle es clave porque el ajuste se utiliza para recalcular, a posteriori, la retribución de un universo muy amplio. El propio Gobierno sitúa en torno a 62.000 las plantas RECORE cuya rentabilidad busca garantizar, con predominio de instalaciones fotovoltaicas. Tras el descenso de precios en los últimos años, la actualización del ajuste se convierte en una pieza sensible del reparto.
RECORE: Renovables al alza y cogeneración a la baja
Las fuentes sectoriales sostienen que el efecto del “desapunte” de límites no sería marginal. Las alegaciones apuntan a una retribución adicional de 942 millones de euros que, en su lectura, no encajaría con la normativa vigente.
El reparto del impacto, siempre según esas cifras, se concentraría en dos tecnologías:
Eólica – 584 millones de euros
Fotovoltaica – 311 millones de euros
En paralelo, cogeneración, biomasa y residuos no participarían del mismo modo en el ajuste. La razón es regulatoria. La compensación asociada a este valor se retiró para esas tecnologías en 2024, por lo que el ajuste solo se aplicaría a 2023 en su caso, mientras otras renovables acumularían tres años completos.
Un golpe para industrias intensivas en calor. La amenaza de judicialización
El foco más tenso se sitúa en la cogeneración, utilizada por industrias como la papelera, química, cerámica, alimentaria o textil. Es una tecnología que produce electricidad y energía térmica de forma conjunta, y su equilibrio económico depende de parámetros regulatorios y de mercado muy finos.
Las alegaciones indican que, en el único año que les afectaría el ajuste, la cogeneración asumiría un recorte de 75 millones de euros en su retribución. En este contexto, el sector advierte de un deterioro adicional en un momento de cierre progresivo de instalaciones, tras varios años de retraso en los planes de renovación.
La patronal Acogen califica la propuesta de lesiva y denuncia un ajuste “inesperado” de 250 millones de euros en su retribución. También advierte de que, si el planteamiento no se corrige, recomendará a sus asociadas acudir al Tribunal Supremo.
Turno para la CNMC
El debate llega con antecedentes. La CNMC ya advirtió en 2022 de un error de naturaleza similar al revisar la actualización de parámetros del periodo 2023-2025. Entonces, el regulador alertó de que incorporar el ajuste por tecnología en el precio de referencia, pero no en los límites, podía generar distorsiones relevantes en el resultado final.
Ahora, el expediente vuelve a pasar por la CNMC, con las alegaciones encima de la mesa. Las fuentes consultadas en el sector esperan que el informe del regulador detecte y señale el punto controvertido. A partir de ahí, el Ministerio debería aprobar la retribución definitiva antes del 28 de febrero, conforme al calendario que manejan estas fuentes.
Un ajuste técnico con impacto industrial
La discusión se presenta como un problema de cálculo, pero sus efectos son plenamente industriales. Un ajuste mal parametrizado puede cambiar el reparto de cientos de millones entre tecnologías y tensionar cadenas productivas que dependen de la cogeneración, una tecnología que ha sido excesivamente castigada en los últimos años como ha denunciado continuamente ACOGEN. Este error se suma al reciente incidente de la prioridad de despacho renovable. La próxima palabra la tendrá la CNMC, y después llegará la versión final del Ministerio con el resultado definitivo del periodo 2026-2028.
