La Guardia Civil ha detenido a seis personas en una operación que sitúa en el centro a Forestalia y a Eugenio Domínguez, ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica. El foco se coloca sobre 52 proyectos eólicos y fotovoltaicos, por presuntas irregularidades en declaraciones de impacto ambiental (DIA).
La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia. El operativo continúa abierto. Y el mensaje implícito es nítido. En renovables no solo cuenta la potencia. También cuenta cómo se aprueba.
Operación Perserte. Qué se investiga y por qué importa
Según la información comunicada por el instituto armado y fuentes próximas a la investigación, la denominada Operación Perserte analiza si hubo influencias irregulares en la emisión de determinadas resoluciones ambientales. La hipótesis es que esas decisiones facilitaron la viabilidad de proyectos en Teruel y que, a cambio, se habría producido una contraprestación económica.
En este momento, el procedimiento investiga la posible comisión de delitos como:
- Prevaricación ambiental
- Cohecho
- Blanqueo de capitales
- Pertenencia a organización criminal
Además de las detenciones, se han practicado 12 registros, con especial concentración en Madrid y actuaciones también en Zaragoza. La ejecución ha corrido a cargo de la UCOMA, unidad de medio ambiente integrada en el Seprona.
Los detenidos. Ex alto cargo, empresario y piezas auxiliares
Entre los arrestados figura Eugenio Domínguez, funcionario y ex subdirector de Evaluación Ambiental. También ha sido detenido Fernando Samper, propietario de Forestalia.
Junto a ellos, las informaciones publicadas señalan además la detención de:
- Un notario
- La pareja del ex subdirector
- Dos administradores de sociedades vinculadas al entorno societario de Forestalia
Se trata de una posible operativa, con intermediación societaria y formalización documental, orientada a canalizar decisiones y, presuntamente, dinero.
Las DIAs y el atasco administrativo como coartada
El área de Evaluación Ambiental es el cuello de botella natural de muchos desarrollos renovables. Es el sitio donde se decide si el proyecto sigue o se corrige, y en qué condiciones. En ese contexto, Domínguez defendió en su momento que su papel fue agilizar expedientes para que salieran adelante. España apostaba por las renovables y faltaban recursos para tramitar.
El problema. Según testimonios recogidos por El Mundo, a finales de 2022 y principios de 2023 habría acumulado en su ordenador expedientes de alrededor de dos centenares de solicitudes de DIA, un volumen que, según esas fuentes, superaba el gestionado por el conjunto del equipo del departamento. Y, siempre según esas versiones, habrían terminado con resoluciones favorables.
En paralelo, se menciona el recurso a encomiendas o apoyos externos para tramitar expedientes, con referencias a Tragsa como actor que habría participado en la dinámica de tramitación.
El rastro del dinero. Sociedades interpuestas y compraventa de mercantiles
Una parte clave de la investigación, según fuentes jurídicas citadas por El País, apunta a pagos encubiertos articulados mediante operaciones societarias. La fórmula bajo sospecha. Compra de mercantiles que figuran a nombre del ex alto cargo y de su entorno familiar por parte de empresas del entramado relacionado con Forestalia.
Aquí entra otro elemento : La presunta utilización de sociedades interpuestas para mover y ocultar el origen del dinero. Y, según la información disponible, la intervención de un fedatario público en la formalización documental de esas operaciones. Ese fedatario sería el notario también detenido.
Si una comisión intenta parecer una operación mercantil normal, suele necesitar papeles impecables. Y ahí es donde los investigadores dicen estar mirando.
Qué proyectos están en el radar. Lo que se sabe en abierto
A día de hoy, lo que se conoce en abierto del “caso Forestalia” es que la investigación apunta a decenas de expedientes (se habla de 52 proyectos), pero no se ha publicado un listado completo con los nombres de todos. ([El País][1])
Con esa limitación, esta es la lista de proyectos que sí aparecen identificados con nombre propio en fuentes públicas y que, por contexto, se están citando dentro del perímetro de esa tramitación renovable bajo lupa.
Proyectos citados explícitamente en relación con la operación y el foco en Teruel
- Clúster del Maestrazgo (macrodespliegue eólico en Teruel). ([Cadena SER][2])
- Parque eólico Farlán (Muniesa, Teruel). Figura en documentación parlamentaria de Aragón que pide detalle de sus DIAs y expediente. ([bases.cortesaragon.es][3])
Proyectos publicados en BOE y prensa local vinculados a Forestalia en la zona señalada
- Paquete de 7 proyectos eólicos de Forestalia en Matarraña, Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe (anuncios y tramitación en BOE según prensa comarcal). ([lacomarca.net][4])
- Cinco proyectos de hibridación denominados Silver, Soranus, Suadela, Sumanus y Tacio (resolución publicada en el BOE con sus características técnicas). ([BOE][5])
Proyectos de Forestalia en Aragón con nombre propio en comunicaciones corporativas y prensa sectorial
- Mudejar I (fotovoltaica, Andorra, Teruel). ([El Economista][6])
- Las Majas VI A (eólico, 50 MW, Campo de Belchite, Zaragoza). ([forestalia.com][7])
- El Coto (eólico, 21 MW, en construcción según la propia compañía). ([forestalia.com][7])
Esta lista recoge los casos que están en tela de juicio o los que se sospecha que pueden formar parte de la presunta trama, no busca ser una lista incriminatoria sino una forma de entender la magnitud real de lo que se está investigando.
Forestalia, un “árbol societario” y un proyecto emblemático bajo presión
Forestalia ha crecido en el sector eólico y solar con una política de expansión agresiva. Especialmente en Aragón. Y en los últimos años su nombre ha quedado asociado a un megaproyecto que ha concentrado contestación social y ecologista. El Clúster del Maestrazgo, con decenas de aerogeneradores en Teruel y Castellón.
Ese clúster vuelve a aparecer ahora como referencia en la instrucción. En parte porque es el símbolo perfecto para entender la tensión de fondo. La urgencia por desplegar renovables frente a la obligación de evaluar impactos con rigor y trazabilidad.
Red Natura 2000, avifauna y paisaje. La letra pequeña que decide la legalidad
La investigación no se limita al “cómo” administrativo. También revisa el “qué” ambiental. En concreto, si la tramitación consideró adecuadamente impactos como:
- Afección a la avifauna
- Impacto sobre quirópteros (murciélagos)
- Alteración de hábitats y usos del suelo
- Impacto paisajístico
En el caso del Clúster del Maestrazgo, se ha señalado su ubicación en áreas vinculadas a Red Natura 2000, lo que eleva el listón técnico y jurídico del análisis. Si el procedimiento concluye que hubo vicios, el escenario puede ser incómodo. Hay parques que ya están construidos. Y deshacer un proyecto energético no es como devolver un paquete a un almacén.
Antecedentes recientes. Registros previos y un contexto judicial más amplio
Este no es el primer episodio de registros en sedes de Forestalia en un periodo corto. En diciembre, agentes de la Guardia Civil ya acudieron a la empresa en una actuación vinculada a otra investigación. Según lo publicado, aquella intervención se enmarca en diligencias abiertas en la Audiencia Nacional tras detenciones relacionadas con presuntas irregularidades en contratación pública.
Este encadenamiento de causas no implica automáticamente identidad de hechos. Pero sí configura un contexto en el que el escrutinio institucional sobre ciertos entornos empresariales y administrativos se ha vuelto más intenso.
Cronología del ex subdirector. De 2017 a su salida definitiva del ministerio
Domínguez accedió al puesto de subdirector de Evaluación Ambiental en 2017. Continuó en el cargo tras el cambio político de 2018. Dejó la posición en junio de 2023, al jubilarse. Y, según fuentes del actual equipo ministerial citadas por prensa, se mantuvo unos meses como asesor, hasta diciembre de 2023.
Desde el ministerio se ha trasladado la idea de colaboración con la justicia y se ha remarcado que el ex alto cargo ya no trabajaba allí desde hace más de dos años.
Qué puede pasar ahora. Seguridad jurídica, revisión de expedientes y efecto sector
El caso abre tres planos simultáneos, y ninguno es pequeño:
Primero, el penal. Si se acreditan conductas de cohecho o prevaricación ambiental, las consecuencias personales y patrimoniales pueden ser severas.
Segundo, el administrativo. La revisión de DIAs y expedientes puede traducirse en rectificaciones, anulaciones o litigios prolongados.
Tercero, el industrial. La cadena de valor renovable vive de dos combustibles. Capital y certidumbre regulatoria. Cuando uno de ellos tiembla, el coste de financiación y el apetito inversor se calibran, aunque el recurso solar y el viento sigan haciendo su trabajo gratis.
