Iberdrola y Endesa han decidido mover ficha con Ascó, la central nuclear catalana que puede convertirse en el siguiente gran pulso entre las eléctricas y el Gobierno sobre el calendario de cierre del parque atómico español. Tras el precedente de Almaraz, ambas compañías preparan ya la solicitud para prolongar la actividad de los dos reactores de Tarragona, con el objetivo de que sigan operando al menos hasta 2034.
Ascó y Almaraz son las dos grandes referencias de la generación nuclear en España, y cualquier paso que afecte a su continuidad condiciona de forma directa el futuro del resto de instalaciones. En este caso, además, el movimiento incorpora una derivada política más intensa, porque la planta catalana se sitúa en una comunidad donde Junts y ERC, socios de investidura del Ejecutivo, han defendido públicamente la conveniencia de mantener abiertas las nucleares.
Ascó entra de lleno en la batalla por la vida útil de las nucleares
Hasta ahora, el debate sobre una eventual ampliación del calendario nuclear se había concentrado sobre todo en Almaraz, en Cáceres. Sin embargo, las dos grandes eléctricas quieren ahora extender esa discusión a Ascó, en Tarragona, y hacerlo con una petición formal en el corto plazo.
Según la información disponible, Iberdrola y Endesa ya han adoptado la decisión en sus respectivos órganos de gobierno, o están a punto de hacerlo, para trasladarla después a la sociedad que canaliza la gestión de estas centrales. Ese papel recae en la Asociación Nuclear Ascó Vandellós (ANAV) que será la encargada de materializar los trámites administrativos.
Ascó I pertenece íntegramente a Endesa, mientras que Ascó II está participado en un 85% por Endesa y en un 15% por Iberdrola. Entre ambos reactores suman 2.060 megavatios de potencia instalada, un volumen prácticamente equivalente al de Almaraz, que cuenta con 2.097 megavatios.
El papel de ANAV como vehículo de la operación
La pieza corporativa clave en este proceso es ANAV, la sociedad que gestiona de forma conjunta los dos reactores de Ascó y también Vandellós II, igualmente en Tarragona. En esta última instalación, la distribución accionarial se reparte entre Endesa, con un 72%, e Iberdrola, con un 28%.
En el conjunto de ANAV, Endesa controla el 85,41% e Iberdrola el 14,59%. Una vez recibido el respaldo formal de sus accionistas para iniciar la solicitud, será esta empresa la que active el recorrido burocrático ante las autoridades competentes.
Ese paso resulta esencial porque el proceso no depende solo de una voluntad empresarial. La continuidad nuclear en España está sujeta a autorizaciones administrativas, evaluaciones regulatorias y exigencias de seguridad, de modo que la decisión final no pertenece a las eléctricas, aunque sí sean ellas quienes impulsan la petición.
El calendario oficial y la estrategia para alinear ambos reactores
El calendario de cierre pactado en 2019 establece que Ascó I debería cesar su actividad en octubre de 2030, mientras que Ascó II tendría que hacerlo en septiembre de 2032. La intención de las compañías pasa por alterar ese horizonte y acompasar ambas fechas.
Nuclear retirement timeline – Fuente: MITECO
Una tramitación escalonada
La estrategia prevista no plantea una maniobra abrupta, sino una secuencia gradual: Primero, Anav solicitará agotar la licencia ya concedida para que Ascó I pueda operar hasta 2031, con las correspondientes revisiones esenciales de seguridad. Después, llegará la petición adicional para extender la operación de ambos grupos.
El esquema contemplado apunta a tres años más para Ascó I y dos años más para Ascó II, de modo que los dos reactores puedan cerrar simultáneamente en 2034, si finalmente esa prórroga sale adelante.
El argumento empresarial de las sinergias
La coincidencia en los tiempos de cierre no responde solo a una cuestión de calendario. Las eléctricas llevan tiempo defendiendo que alinear la clausura de ambos reactores mejora la eficiencia operativa, permite aprovechar economías de escala y facilita la gestión industrial y técnica del complejo.
Dicho de otro modo, operar con horizontes distintos encarece y complica la planificación. Un cierre sincronizado, en cambio, simplifica recursos, mantenimiento, organización y costes. Esa ha sido una de las reivindicaciones recurrentes del sector en relación con las plantas nucleares españolas.
Cataluña añade una complejidad política que no existe en los mismos términos en Almaraz
El caso de Ascó tiene una carga política más delicada que la de Almaraz. No solo por tratarse de una central ubicada en Cataluña, sino porque allí la discusión sobre la continuidad nuclear afecta a equilibrios parlamentarios más sensibles para el Gobierno central.
Junts y ERC, dos formaciones con peso decisivo en la gobernabilidad estatal, han defendido la prolongación de las centrales nucleares catalanas. Eso introduce una variable política que va más allá de la discusión técnica sobre seguridad, costes o suministro.
En paralelo, la Generalitat presidida por Salvador Illa ha mantenido una posición más contenida. No ha asumido un rechazo frontal a la energía nuclear, pero tampoco ha tomado el liderazgo explícito de su defensa. La postura ha sido, más bien, la de dejar la decisión en manos del Ejecutivo central, bajo el argumento de que deben prevalecer los criterios de seguridad nuclear y seguridad de suministro.
El peso de Ascó en el sistema eléctrico catalán
Desde el punto de vista energético, la central tarraconense tiene una relevancia singular. Cataluña presenta déficit eléctrico, necesita importar energía desde otros territorios y arrastra, además, limitaciones en la red de transporte. En ese contexto, la aportación de una instalación como Ascó adquiere un valor estructural dentro del sistema.
Por eso, la comparación con Almaraz es política, territorial y operativa. La tesis que sostienen quienes defienden la continuidad de la planta es que Ascó tiene un peso más determinante para Cataluña del que Almaraz tiene para Extremadura, precisamente por el grado de dependencia exterior del sistema catalán.
Bajo ese razonamiento, mantener producción firme en la comunidad no solo tendría implicaciones industriales o empresariales. También se vincula con la estabilidad del suministro y con la capacidad de reducir tensiones en una red que no parte de una situación especialmente holgada.
Moncloa modula su discurso y deja abierta la puerta a estudiar nuevas extensiones
Si en etapas anteriores el cierre nuclear se defendía con mayor contundencia, ahora el mensaje es más matizado y deja margen a estudiar solicitudes concretas. No hay una aceptación automática, pero tampoco una negativa cerrada.
La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya ha deslizado públicamente las condiciones que deberían cumplirse para analizar cualquier ampliación. La primera es que no exista un sobrecoste para los consumidores. La segunda, que se garantice la máxima seguridad nuclear y también la seguridad del sistema eléctrico.
Ese enfoque apunta a una evaluación individualizada. Es decir, caso por caso, con el correspondiente examen técnico y regulatorio. Hasta ahora, según recordó la propia ministra, la única solicitud formal de ampliación operativa presentada es la de Almaraz, sobre la que el Consejo de Seguridad Nuclear sigue elaborando su informe con criterio independiente.
La lógica, por tanto, sería la misma para Ascó. La petición podrá llegar, pero la respuesta dependerá de un procedimiento técnico y político en el que entrarán en juego tanto los informes de seguridad como la lectura estratégica que haga el Ejecutivo.
Ascó puede convertirse en una pieza de negociación más amplia
La eventual continuidad de la planta catalana no se mueve solo en el terreno energético. También podría acabar inserta en una negociación política de mayor alcance entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. Esa posibilidad sobrevuela el debate, aunque todavía no se haya traducido en una decisión concreta.
Lo relevante, por ahora, es que Iberdrola y Endesa han decidido pasar del debate abstracto a la tramitación formal. Y con ello han elevado la presión sobre el Ejecutivo en un asunto donde se cruzan seguridad de suministro, costes, regulación, equilibrio territorial y aritmética parlamentaria.
Ascó deja así de ser una hipótesis para convertirse en el siguiente gran expediente nuclear sobre la mesa del Gobierno. Después de Almaraz, la batalla por el calendario atómico español ya no mira solo a Extremadura. También mira a Tarragona.
Cierre. Un debate que ya no es únicamente técnico
La maniobra de Iberdrola y Endesa confirma que el calendario de cierre nuclear aprobado en 2019 ha dejado de percibirse como una hoja de ruta inamovible. En el caso de Ascó, además, el debate se intensifica porque confluyen el peso real de la central en el sistema catalán, la presión de las grandes eléctricas y la necesidad del Gobierno de gestionar sus alianzas políticas.
En ese cruce de intereses, la pregunta ya no es solo si la central puede seguir operando con garantías. La cuestión es también si el Ejecutivo está dispuesto a asumir el coste político de negarse, o el de aceptar una prórroga que hace no tanto parecía mucho más difícil de defender.
