Un mercado saturado de licencias y corto de actividad real
El negocio de la comercialización eléctrica en España arrastra una anomalía llamativa. En los registros oficiales figuran cerca de novecientas empresas con licencia para vender luz, pero solo algo más de cuatrocientas están realmente activas. El resto conforma un paisaje de sociedades inactivas, residuales o con operativas muy limitadas, conocidas ya en el sector como eléctricas fantasma.
Ante este desorden, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, han puesto en marcha una estrategia para limpiar el censo. El objetivo es retirar la habilitación a las compañías que no desarrollan actividad efectiva, cerrar la puerta a eventuales incumplimientos y ajustar el número de operadores a la realidad del mercado.
Un registro inflado: casi 900 comercializadoras frente a 416 en funcionamiento
Los datos oficiales dibujan con claridad el problema. En el registro de comercializadoras de electricidad gestionado por la CNMC constaban, a finales de la semana pasada, 888 empresas censadas. Sin embargo, el propio regulador considera activas solo 416, es decir, aquellas que al menos cuentan con un cliente. La diferencia no es un matiz estadístico, sino la prueba de que el censo ha ido engordando durante años sin una depuración sistemática.
En esa franja gris se sitúan empresas que solicitaron la habilitación, pero nunca llegaron a operar con normalidad, sociedades que abandonaron la actividad sin tramitar su salida formal y proyectos que han quedado reducidos a estructuras mínimas. Es ese estrato intermedio el que ahora está bajo la lupa de la CNMC y del Ministerio para la Transición Ecológica, que buscan separar a los operadores reales de quienes sólo existen sobre el papel.
De la advertencia a la acción: la nueva ofensiva regulatoria
La CNMC ya había llamado la atención sobre este divorcio entre registro y realidad en su último informe sobre el mercado minorista de electricidad y gas. En ese análisis el organismo subrayaba el contraste entre el elevado número de comercializadoras censadas y las que efectivamente suministraban energía a clientes. La conclusión era clara. sobraban licencias inactivas y faltaba limpieza administrativa.
A partir de ese diagnóstico, el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, DGPEM, ha comenzado a utilizar con más intensidad las herramientas que le ofrece la legislación vigente. En coordinación con la CNMC ha iniciado procesos de inhabilitación de aquellas comercializadoras que llevan más de un año sin actividad verificable. Entre los casos recientes figuran grupos como Maxi Energía o Cloud Energy System, que han sido expulsados del registro tras constatarse su inoperancia prolongada.
Esta actuación no parte de cero. En años anteriores ya se habían retirado licencias por incumplimientos técnicos o financieros. La diferencia es que, desde 2025, la extinción de la habilitación por simple inactividad se ha convertido en una pieza central de la política de supervisión, dirigida específicamente a reducir el peso de las eléctricas fantasma.
Garantías financieras, impagos y el impacto del apagón
Una parte importante de los expedientes de inhabilitación abiertos en los últimos años no se debe solo a la inactividad, sino a la falta de garantías financieras suficientes. Las comercializadoras están obligadas a presentar avales que respalden la energía que compran en el mercado mayorista antes de revenderla a los consumidores. Cuando esas garantías no se constituyen, o resultan insuficientes, aparecen riesgos claros de impago y posibles fraudes.
Según los datos de la CNMC, solo en 2024 se inhabilitó a siete comercializadoras por este tipo de incumplimientos, entre ellas Rainal Ingeniería, Roma Energías y Solar Eaas. Estas decisiones reflejan que no todas las licencias corresponden a empresas con la solidez necesaria para operar en un entorno de precios volátiles y obligaciones crecientes. Sobre esa fragilidad estructural se proyectó además el llamado apagón del 28 de abril, que desencadenó un fuerte desorden en los precios de la electricidad y tensionó la situación financiera de muchos operadores pequeños. Algunas comercializadoras no pudieron soportar el impacto y acabaron desapareciendo del mercado o siendo inhabilitadas. En lo que va de año se han inscrito treinta y cuatro nuevas comercializadoras, catorce de ellas después del apagón, pero el saldo neto es negativo. cuarenta y ocho compañías han causado baja, veinticinco de ellas tras ese episodio.
El reto administrativo: 137 empresas en la zona de sombra
La depuración del registro no es un ejercicio meramente estadístico. requiere un trabajo administrativo detallado. De las casi novecientas comercializadoras censadas, alrededor de 335 han sido dadas de baja a lo largo de los años, bien por decisión propia, bien por inhabilitación. Al mismo tiempo, la CNMC identifica 416 empresas activas que cuentan con al menos un cliente.
Entre ambos grupos queda un bloque de unas 137 comercializadoras que no encajan con claridad en ninguna de las dos categorías. Son las principales candidatas a ser consideradas eléctricas fantasma. Para determinar su situación real es necesario comprobar, por ejemplo, con los registros de Red Eléctrica como operador del sistema, si han comprado energía en el último año y si mantienen puntos de suministro.
Cuando se concluye que una empresa debe ser inhabilitada, el proceso no termina en una simple resolución. Si la comercializadora conserva, aunque sea un único cliente, es imprescindible articular en paralelo el traspaso de ese contrato a otro operador. El objetivo es que la limpieza del registro no se traduzca en interrupciones del suministro ni en perjuicios para los consumidores que, muchas veces, desconocen la situación administrativa de su compañía.
¿Por qué alguien tendría una comercializadora sin clientes? Un activo oculto en el tablero eléctrico
Más allá de las sociedades fantasma, conservar una comercializadora sin un solo cliente puede tener un valor estratégico real. En un sector muy regulado, una licencia activa permite reactivar la actividad con rapidez sin repetir los trámites ante CNMC, REE, OMIE, OMIP o las distribuidoras, y funciona como una puerta abierta para aprovechar oportunidades futuras. Esa habilitación permite además operar en mercados que exigen el estatus de comercializador. Incluso sin cartera, una empresa puede acudir a subastas, representar a productores, negociar PPAs o estructurar coberturas. Aquí encaja también el trading: muchas de estas comercializadoras realizan arbitraje en los mercados mayoristas, optimizan energía de terceros e incluso han operado mecanismos de ajuste sin necesidad de suministrar a ningún consumidor.
A ello se suma el valor operativo de mantener accesos técnicos y códigos ya activos, un conjunto de requisitos que lleva meses obtener y que resulta costoso reconstruir desde cero. Contar con esa infraestructura lista para usar aporta una ventaja estratégica. Estas sociedades también sirven como instrumento en operaciones corporativas. Para fondos o utilities, adquirir una comercializadora ya autorizada puede ser más rápido que solicitar una nueva, lo que convierte a estas estructuras dormidas en vehículos útiles para nuevos proyectos, fusiones o expansiones. En este contexto, parte de las comercializadoras sin clientes no son un residuo del registro, sino piezas en reserva, mantenidas activas porque aún tienen un propósito.
Un récord singular: España, caso extremo en número de comercializadoras
Más allá del aspecto jurídico, el caso español destaca por la dimensión del fenómeno. El número de comercializadoras registradas se considera un récord tanto en Europa como a nivel internacional. A ello se suma que buena parte de estas empresas son de tamaño muy reducido, con estructuras ligeras y carteras de clientes limitadas, lo que las hace particularmente vulnerables a las subidas de precios, a los cambios regulatorios o a cualquier crisis de liquidez.
La explicación está en la historia reciente del sector. La comercialización de electricidad se liberalizó hace casi tres décadas. La apertura del mercado permitió la entrada de compañías independientes de los grandes grupos tradicionales, como Iberdrola, Endesa o Naturgy. Surgieron proyectos como Holaluz o Factorenergía y, con ellos, una oleada de iniciativas empresariales que buscaban explotar nichos concretos, desde las tarifas verdes hasta los servicios personalizados para empresas. Ni la crisis financiera de 2008, ni el estallido de la burbuja inmobiliaria, ni la pandemia, ni los episodios de inestabilidad extrema en los precios eléctricos han frenado por completo ese flujo de nuevas inscripciones. Lo que sí cambia en 2025 es el saldo. Por primera vez, el número de bajas supera al de altas, lo que refleja una cierta corrección después de años de crecimiento acumulado en el registro.
Geografía de las comercializadoras: Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana
La distribución territorial de estas empresas también aporta información relevante. De las casi novecientas comercializadoras de electricidad censadas en España, doscientas veinte tienen su sede en la provincia de Madrid, que se sitúa como primer foco de concentración. Cataluña ocupa el segundo lugar, con 172 compañías registradas, la mayoría en Barcelona, seguida de Lleida, Tarragona y Girona. La tercera posición corresponde a la Comunidad Valenciana, con 133 comercializadoras, repartidas principalmente entre Valencia, Alicante y Castellón.
En conjunto, estas tres comunidades suman 520 comercializadoras, es decir, más de la mitad de todas las inscritas. El dato no solo ilustra el peso económico de estos territorios, sino que también tiene implicaciones fiscales y de contratación, puesto que la localización de la sede condiciona la relación con las administraciones autonómicas y locales y puede influir en la adjudicación de contratos de suministro.
Operadores con sede en el extranjero
El marco jurídico español no exige que la sede social de una comercializadora se ubique en territorio nacional. En el registro aparecen varias empresas con domicilio en otros países, entre ellas grupos con sede en Suiza, como Gunvor y Alpiq, además de operadores con origen en Alemania, Andorra o República Checa. Aunque su peso es reducido frente al conjunto del censo, su presencia demuestra que el mercado minorista español está conectado con estrategias de comercialización y de trading diseñadas a escala internacional.
Ordenar el mercado para reforzar la confianza
La ofensiva contra las eléctricas fantasma va más allá de la estética de un registro ordenado. Responde a una lógica de estabilidad del sistema y protección del consumidor. Mantener en el censo a decenas de empresas sin actividad o con operativas residuales complica la supervisión, introduce riesgos financieros y debilita la confianza en el funcionamiento del mercado.
Al aplicar con mayor rigor el artículo 74 del Real Decreto 1955/2000, exigir garantías financieras efectivas y cruzar datos con el operador del sistema, la Administración intenta asegurar que cada licencia se corresponda con un operador real, solvente y responsable. España seguirá contando con un número elevado de comercializadoras respecto a otros países europeos, pero la intención es que esa pluralidad descanse en empresas que compiten de verdad y no en sociedades puramente nominales. La limpieza del registro no elimina la competencia, la ordena y la hace más creíble en un sector tan sensible como el suministro eléctrico.
Un poco de contexto
El artículo 74 del Real Decreto 1955/2000 permite quitar la licencia a una comercializadora si pasa un año sin actividad real.
Desde 2025 es la base legal que se usa para sacar del registro a las comercializadoras inactivas a que solo existen sobre el papel.
