Las reformas del informe Draghi avanzan con mucha menos velocidad que la agenda política europea. Dos años después de la presentación del documento, la Unión Europea solo ha aplicado por completo el 16% de las medidas analizadas. Otro 26% registra una ejecución parcial, según un análisis publicado por el Banco de España.
El 42% permanece en proceso. Esta categoría incluye iniciativas con respaldo político, pero todavía sin una norma o un instrumento operativo que permita aplicarlas. El balance muestra una actividad institucional apreciable, aunque sus efectos concretos siguen muy por debajo de la ambición formulada en 2024.
Qué proponía el informe Draghi
El informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea, encargado por la Comisión Europea y publicado el 9 de septiembre de 2024, planteó una nueva estrategia industrial para frenar la pérdida de productividad de la UE. El plan se articulaba en torno a tres objetivos: cerrar la brecha de innovación con Estados Unidos y China, conciliar descarbonización y competitividad, y reforzar la seguridad económica reduciendo dependencias externas, sin abandonar el modelo social europeo.
Para lograrlo, Mario Draghi propuso completar el mercado único, integrar mejor los mercados de capitales, simplificar la regulación y coordinar las políticas industrial, comercial y de competencia. También calculó que Europa tendría que movilizar entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año, combinando inversión privada, apoyo público y financiación común para bienes europeos como las interconexiones eléctricas, la innovación avanzada o la defensa.
En energía, el documento reclamó acelerar redes y permisos, ampliar las interconexiones y favorecer contratos a largo plazo, como los acuerdos de compraventa de electricidad (PPA) y los contratos por diferencia (CfD). El objetivo consistía en trasladar mejor al consumidor el menor coste de las tecnologías limpias y reducir la exposición de la industria europea a la volatilidad del gas.
Mucho compromiso político y poca aplicación efectiva
El Banco de España agrupó el contenido del informe en 176 propuestas distribuidas en nueve ejes. Los datos de ejecución solo están disponibles para seis de ellos: energía, materias primas, digitalización, política industrial, defensa y mercado único.
Por su parte, el Draghi Observatory de EPIC utiliza una desagregación más amplia y sigue 383 recomendaciones. Su actualización de julio de 2026 contabiliza 60 medidas completas, 98 parciales, 160 en proceso y 65 sin implementar. Los dos recuentos responden a metodologías distintas, pero conducen al mismo diagnóstico: la mayor parte de la agenda todavía no se ha convertido en cambios plenamente operativos.
La diferencia entre una medida anunciada y otra aplicada resulta decisiva. Una orientación incluida en el mandato de un comisario o respaldada por los Estados miembros puede figurar como iniciativa en curso, aunque todavía carezca del reglamento, la directiva o el mecanismo necesario para producir efectos. Por eso, el movimiento político no equivale automáticamente a ejecución.
La financiación no explica todo el retraso
El análisis también cuestiona que la falta de dinero sea la causa principal del bloqueo. El 53% de las 176 propuestas no exige nueva inversión pública. En simplificación regulatoria, esa proporción alcanza el 92%, mientras que en financiación y competencia llega al 100%.
Muchas reformas dependen, por tanto, de cambios normativos y de una mayor coordinación entre los Veintisiete. Esto no elimina el desafío presupuestario. Las actuaciones en redes, tecnologías digitales, industria limpia o defensa sí requieren grandes volúmenes de capital, y el Banco de España señala que la estimación anual ha subido hasta 1,2 billones de euros al incorporar las nuevas necesidades de defensa.
La defensa acelera mientras la energía queda rezagada
La aplicación tampoco guarda una relación directa con el potencial transformador de cada reforma. La urgencia geopolítica ha impulsado la defensa, pese a que inicialmente figuraba entre los ámbitos con mayores obstáculos políticos. Las medidas total o parcialmente ejecutadas en este sector pasaron del 22% en septiembre de 2025 al 53% en julio de 2026, en un contexto marcado por la guerra de Ucrania y las dudas sobre el compromiso estadounidense con la defensa europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La energía presenta el resultado opuesto. Junto con las materias primas críticas, aparece como uno de los ejes con mayor capacidad para transformar la economía europea por su influencia sobre los costes industriales, la descarbonización y la autonomía estratégica. Sin embargo, su grado de ejecución plena apenas supera el 1% en la clasificación empleada por el Banco de España, el nivel más bajo de los sectores estudiados.
El retraso afecta a un área que condiciona al resto de la agenda. Sin redes suficientes, permisos más ágiles y precios competitivos, resulta más difícil electrificar la industria, desplegar tecnologías limpias o atender el crecimiento del consumo asociado a la digitalización.
Los anuncios todavía superan a los resultados
En el primer aniversario del informe, la Comisión Europea presentó un balance más favorable. Bruselas contabilizó 33 iniciativas adoptadas y 14 propuestas legislativas, además de más de un billón de euros anunciado para innovación, tecnologías limpias y seguridad. Entre las principales partidas figuraban 200.000 millones para inteligencia artificial, 150.000 millones mediante el instrumento Acción por la Seguridad de Europa (SAFE) y más de 100.000 millones vinculados al Pacto Industrial Limpio.
Estas cifras reflejan que el diagnóstico de Draghi ha penetrado en la agenda comunitaria, desde la Brújula para la Competitividad hasta el Pacto Industrial Limpio. Sin embargo, los anuncios financieros y las propuestas legislativas no implican por sí solos que cada recomendación se encuentre aplicada. Un estudio del Parlamento Europeo publicado en 2026 constató la coincidencia entre las prioridades de Draghi y la planificación presupuestaria de la Comisión, pero advirtió de que el presupuesto europeo no basta para cubrir toda la brecha de inversión.
Draghi busca acelerar las reformas fuera de Bruselas
La lentitud ha llevado al propio Draghi a promover una vía adicional. A finales de agosto puso en marcha el Rhine Group junto con Patrick Collison, cofundador de Stripe, y con el economista español Luis Garicano como director ejecutivo. El foro reúne a representantes de la empresa, la política y el ámbito académico para elaborar propuestas que ayuden a trasladar el diagnóstico económico a decisiones aplicables.
El nuevo grupo no sustituye la capacidad legislativa de las instituciones europeas ni de los Estados miembros. Su creación sí refleja el problema que domina el segundo aniversario del informe: Europa ha asumido buena parte del diagnóstico, pero todavía encuentra serias dificultades para convertirlo en normas, inversión y proyectos ejecutados. En energía, precisamente uno de los pilares de la competitividad industrial, esa distancia sigue siendo especialmente amplia.
