El Gobierno prepara nuevas condiciones para el desarrollo de centros de datos en España. El proyecto de real decreto obligará a las instalaciones de mayor tamaño a cubrir con nueva generación renovable al menos el 80 % de su consumo eléctrico, tanto en el balance anual como en cada hora de funcionamiento.
No bastará con comprar garantías de origen como hasta ahora. Los promotores deberán vincular su demanda a plantas renovables concretas y demostrar que producen electricidad cuando la consumen los servidores.
La regulación llega tras el fuerte crecimiento de las solicitudes de acceso a la red. Los centros de datos ya han obtenido alrededor de 12 GW, aunque la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 estima que su demanda eléctrica alcanzará entre 3,5 y 4 GW en 2030.
El consumo deberá coincidir con la producción renovable
El borrador introduce dos controles. La adicionalidad exigirá que instalaciones nuevas cubran el 80 % del consumo anual. La correlación horaria obligará a alcanzar ese porcentaje durante cada hora.
Un excedente fotovoltaico al mediodía no permitirá compensar la falta de generación durante la madrugada. Los centros podrán combinar autoconsumo, almacenamiento y contratos de compraventa de electricidad a largo plazo, conocidos como PPA.
Las plantas asociadas deberán estar situadas en España y haber entrado en funcionamiento, como máximo, 18 meses antes que el centro de datos. Los PPA tendrán una duración mínima de diez años e identificarán las instalaciones encargadas de suministrar la electricidad.
El Gobierno traslada así a los centros de datos un modelo similar al aplicado al hidrógeno renovable, que también exige generación adicional y correspondencia temporal entre producción y consumo.
Clase A en energía, agua y soberanía digital
Los proyectos deberán alcanzar la clase A europea en eficiencia energética e hídrica. Hasta que comience a aplicarse el futuro etiquetado comunitario, el borrador fija un PUE (eficacia en el uso de la energía) máximo de 1,15 y un WUE máximo de 0,1.
El PUE compara la electricidad total utilizada por el centro con la consumida por sus equipos informáticos. El WUE (eficacia en el uso del agua) relaciona el uso de agua con la energía destinada a esos equipos. Cuanto menor sea el resultado, mayor será la eficiencia.
La entidad operadora también deberá estar establecida en la Unión Europea. Los datos operativos sometidos a su control permanecerán dentro de la UE. Para los sistemas del sector público, esta obligación incluirá registros, metadatos, telemetría y copias de seguridad.
Los requisitos generales afectarán a los centros con al menos 1 MW de potencia de acceso. Las obligaciones de información sobre energía, agua y renovables comenzarán en 500 kW de potencia informática.
Recargos y pérdida de los permisos
El incumplimiento de la cobertura renovable provocará recargos sobre los peajes y cargos eléctricos. La falta de generación adicional podrá elevarlos entre un 100 % y un 500 %, mientras que los desajustes horarios supondrán incrementos mensuales de entre el 10 % y el 50 %.
Las desviaciones reiteradas durante cinco años podrán ocasionar la pérdida de los permisos de acceso y conexión. Las solicitudes pendientes tendrán tres meses para adaptarse y los proyectos con permisos que todavía no estén conectados dispondrán de seis meses.
El texto permanecerá en audiencia pública hasta el 4 de septiembre de 2026. Si se aprueba con su redacción actual, los centros de datos tendrán que demostrar que su llegada incorpora nueva generación renovable, eficiencia en el uso del agua y garantías sobre la gestión de los datos.
