El sector español del gas renovable ha elevado el tono ante el Gobierno. Las principales asociaciones vinculadas al biogás, el hidrógeno y los combustibles renovables reclaman que España acepte las pruebas de sostenibilidad como acreditación suficiente del suministro renovable, sin imponer también la redención de garantías de origen.
Esto afecta a la forma en que estos gases podrán computar en objetivos regulatorios, obligaciones sectoriales, ayudas públicas o incluso en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión.
El sector denuncia una doble exigencia para el gas renovable
La declaración conjunta está firmada por AEBIG, AEH2, AICE, APPA, CRECEMOS, Energy Traders Europe, Gasnam, Sedigas y SHYNE. Todas ellas advierten de que el marco español está dando a las garantías de origen un papel demasiado rígido para demostrar el suministro de gas renovable.
Según estas organizaciones, España estaría tratando las garantías de origen como si fueran la vía exclusiva para acreditar determinados usos regulatorios, especialmente en ámbitos como el transporte, el futuro real decreto de fomento de combustibles renovables y el comercio europeo de derechos de emisión.
El problema, sostienen, es que esa exigencia puede dejar en peor posición a comercializadores, consumidores y productores frente a otros mercados europeos. También puede complicar operaciones que, en teoría, ya cumplen con los criterios de sostenibilidad exigidos por la normativa comunitaria.
Garantías de origen y sostenibilidad no cumplen la misma función
El sector no cuestiona la utilidad de las garantías de origen, de hecho, las considera una herramienta válida para dar transparencia al consumidor, identificar el origen renovable del gas y facilitar la venta de productos energéticos con atributo verde.
La crítica apunta a que las garantías de origen no deberían confundirse con la certificación de sostenibilidad. Para las asociaciones firmantes, una cosa es informar al consumidor sobre el origen renovable de una molécula y otra acreditar que ese suministro cumple los requisitos exigidos por la regulación.
La normativa europea de renovables, según recuerda el documento sectorial, ya contempla mecanismos específicos para verificar los criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones. Entre ellos figuran sistemas de certificación reconocidos en la Unión Europea, como ISCC EU o REDCert-EU.
Qué pide exactamente el sector del gas renovable
Las entidades firmantes reclaman que cualquier suministro de gas renovable certificado mediante pruebas de sostenibilidad emitidas por un sistema voluntario reconocido en Europa pueda computar en el sector que corresponda.
Ese reconocimiento debería servir, según el documento, para:
- Cumplir objetivos en transporte, industria o consumo residencial.
- Acreditar obligaciones sectoriales.
- Acceder a mecanismos de apoyo o ayudas.
- Probar el cumplimiento de criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones.
- Evitar cargas adicionales frente a otros combustibles renovables.
El sector compara esta situación con la de los biocarburantes líquidos. A su juicio, exigir garantías de origen además de pruebas de sostenibilidad crea una obligación añadida que no se aplica con la misma lógica a otros combustibles renovables o hipocarbónicos.
Un mercado europeo todavía fragmentado
Las asociaciones también ponen el foco en el funcionamiento del mercado europeo de garantías de origen para gases renovables. Según el documento, solo nueve países de la Unión Europea trabajan actualmente bajo el estándar compatible con el sistema español.
Once Estados miembros aún no han desarrollado un sistema de garantías de origen para gas renovable. El resultado es un mercado incompleto, con reglas distintas según el país y con dificultades para mover certificados entre jurisdicciones.
Para los firmantes, esta fragmentación puede afectar directamente a las importaciones. Si España exige garantías de origen en todos los casos, pero buena parte del mercado europeo todavía no dispone de sistemas equivalentes, los consumidores españoles pueden quedar con menos acceso a suministros renovables certificados fuera del país.
El factor tiempo también pesa en la contratación
La declaración sectorial señala que las garantías de origen tienen una vida útil acotada: 12 meses para su comercialización y seis meses adicionales para su redención desde la fecha de producción.
Ese calendario puede chocar con la gestión real del suministro. El gas renovable acreditado con pruebas de sostenibilidad, en cambio, puede almacenarse dentro de los límites físicos del operador. Para las empresas, esta diferencia afecta a la construcción de carteras de aprovisionamiento y a la planificación de contratos.
Si las garantías de origen se convierten en requisito obligatorio, el mercado quedaría más condicionado por consumos cercanos en el tiempo. Eso puede reducir flexibilidad, encarecer operaciones y limitar el desarrollo de productos de suministro renovable a medio plazo.
El hidrógeno renovable también entra en el debate
Las asociaciones extienden el argumento al hidrógeno renovable y a los combustibles renovables de origen no biológico.
En su opinión, pedir garantías de origen como prueba obligatoria de suministro puede imponer a los productores españoles requisitos adicionales a los previstos por la normativa europea. El documento también advierte de que los retrasos o desarrollos incompletos del sistema de garantías de origen por conversión podrían estar dificultando la certificación de ciertos suministros de hidrógeno renovable.
La cuestión es especialmente sensible porque el hidrógeno renovable necesita reglas claras para cerrar contratos, financiar proyectos y demostrar trazabilidad. Si el sistema de certificación no avanza al mismo ritmo que el mercado, la regulación puede convertirse en un cuello de botella.
Derechos de emisión: el sector pide ajustarse al marco europeo
Las asociaciones también mencionan el régimen europeo de comercio de derechos de emisión. Según su interpretación, la normativa comunitaria no exige garantías de origen para determinar la fracción de biomasa empleada, salvo cuando el productor las haya emitido y sea necesario evitar un uso separado de los atributos renovables.
El documento sostiene que la Base de Datos de la Unión puede servir para acreditar la trazabilidad y el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad. Por tanto, el sector pide que España no eleve las exigencias por encima de lo previsto en el marco europeo.
Una corrección urgente para no frenar el mercado
Las entidades firmantes reclaman una revisión rápida de la normativa española. Su propuesta es que el país reconozca como válido todo suministro de gas renovable acreditado mediante pruebas de sostenibilidad, sin exigir de forma automática la redención adicional de garantías de origen.
El fondo del debate es regulatorio, pero también comercial. Si España mantiene una interpretación más restrictiva que la de otros países, el mercado interior del gas renovable puede quedar más cerrado, con menos competencia y más dificultades para productores y consumidores.
El sector pide colocar las garantías en su sitio, como instrumento de transparencia funcionan. Como requisito único para acreditar sostenibilidad, pueden acabar haciendo justo lo contrario de lo que necesita el mercado: añadir fricción donde la regulación europea ya había previsto mecanismos de control.
